Tras sostener una reunión con el nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en La Moneda, el fiscal nacional Ángel Valencia, se refirió a la cuestionada diligencia que llevó adelante el Ministerio Público, luego que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ejecutara una autorización judicial para entrar y registrar el domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias, la que deriva del caso Sierra Bella. Los cuestionamientos del mundo político surgieron en virtud que el operativo se efectuó el mismo día que la militante comunista estaba en el hospital teniendo a su primer hijo.

En conversación con La Tercera, ayer martes el fiscal Cooper aseguró que “era urgente realizar la diligencia, ese día la exalcaldesa Hassler tuvo acceso a informes y, dado el nexo entre ambas, ponía en riesgo el éxito de la investigación”.

En ese contexto, el fiscal Valencia dijo remitirse “a lo que el fiscal Cooper entregó. Es la decisión de una diligencia conforme a nuestra ley. La ley chilena requiere una autorización judicial. Esa orden judicial se impartió por parte de un juez de la República que analizó el mérito de la petición”, sostuvo.

Además, apuntó a que está “legalmente limitado a emitir opiniones o calificar esos procedimientos”.

“Dentro de mis funciones legales y constitucionales se encuentra eventualmente tener que resolver cualquier reclamo en contra de la actividad de un fiscal. En consecuencia, también por una razón de prudencia, tengo que tener mucho cuidado, medir bastante las palabras respecto de los calificativos que ocupo, porque alguien podría estimar que me estoy inhabilitando por emitir opinión previa”, explicó.

Sumado a ello, reforzó: “Yo me remito a las explicaciones que los fiscales de la causa han manifestado públicamente”.