Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación: "Chile tenía y sigue teniendo un contexto muy ideologizado respecto de la educación"

Valentina Quiroga es la última subsecretaria que estuvo a cargo de todos los niveles educativos: parvulario, escolar y superior. Tras este gobierno, existirá una autoridad para cada uno de estos sectores, lo que da cuenta de algunos de los cambios que tendrá que implementar la nueva administración. A menos de un mes de dejar la cartera, Quiroga conversó con La Tercera sobre la educación técnico-profesional y las críticas que hubo en los últimos cuatro años en materia de educación.

¿Qué se hizo respecto de la educación técnico-profesional (TP) durante la gestión que está finalizando?

Dimos grandes pasos en materia de educación técnico-profesional. Quizás lo más llamativo es la creación de 15 centros de formación técnica estatales, pero, además de eso, avanzamos en políticas de financiamiento, porque históricamente el sector TP había tenido políticas que de alguna manera los perjudicaban. Siempre hubo un foco más direccionado al sector universitario y aquí se mejoró ese aspecto, tanto en la política de becas como en la incorporación de gratuidad. Por primera vez se establece una política de financiamiento equitativa entre ambos sectores. Creamos una agenda de formación TP con una mirada de Estado, de mediano plazo, que tiene una aprobación no solamente de nuestras propuestas, sino que, además, fue acordada con el sector privado, con las instituciones y, por lo tanto, ya existe una base de acuerdo sobre la cual trabajar. ¿Cuáles son los desafíos para el sector en los próximos años?

Implementar la reforma educacional, mejorar lo que haya que mejorar, pero lograr que finalmente cumpla sus propósitos. La reforma puso a Chile a la par de países desarrollados. También se debe continuar con la modernización institucional, porque vamos a dejar un gobierno con tres subsecretarías, una ya implementada (Educación Parvularia) y otra que se tiene que implementar (Educación Superior). Y el tercer desafío, entendiendo que solo la implementación de la reforma va a ocupar parte importante de la agenda, es empujar esta agenda TP, que plantea cómo lograr que el sistema educativo, desde educación parvularia hasta superior, se ponga al servicio de las personas y del desarrollo estratégico del país. Hay que cambiar la mirada, entender que el Ministerio de Educación no solamente es una cartera social, sino que también es una cartera estratégica para el desarrollo económico, productivo y social del país. Educación no solamente es relevante desde el punto de vista de los derechos, que son muy importantes, y que por esta reforma dimos un salto cualitativo en eso, es imposible hablar de un país desarrollado si es que no somos capaces de movilizar al sistema educativo en miras de lo que el país requiere, y por eso la agenda técnico-profesional es tan relevante.

¿Espera que el próximo gobierno pueda tomar lo que han hecho y continuar ese trabajo?

Evidentemente, por el bien del país esta agenda debe ser tomada, hay una invitación a todos los actores, no solo al gobierno. Esta agenda no solo tiene que ver con lo que el gobierno haga. Es una estrategia con visión de Estado, claramente trasciende a una propuesta de gobierno, tiene incorporada una visión de Estado producto de todos los actores que participaron en ella.

¿Le parece adecuada la idea de campaña de Sebastián Piñera de avanzar en gratuidad al 90% de la educación técnico-profesional?

Eso, efectivamente, fue parte del debate durante la campaña presidencial, pero la verdad es que ya está sancionado, porque hay una ley de educación superior que establece un avance no por tipo de institución, sino que por nivel socioeconómico de los estudiantes, a medida que el país va teniendo los recursos. Entonces, si es que se quisiera cambiar, evidentemente eso requeriría de una modificación legal. Es una ley que finalmente fue aprobada en su última fase prácticamente de manera transversal.

Pese a los esfuerzos que usted plantea quedó la sensación de que no fue una bandera de lucha de este gobierno la educación TP, sino más bien de la derecha.

Fue la Presidenta la que propuso la creación de centros de formación técnica estatales, quien dio la pelea para que hubiera gratuidad desde el primer momento en el sector técnico-profesional. Sin lugar a dudas, fue este gobierno el que dio una gran pelea de posicionamiento de ese sector y de empezar a hacer cosas como esta agenda, como la implementación de un nuevo currículum. Yo entiendo que a veces las discusiones son complejas y no son tan fáciles de transmitir. Pero los hechos hablan por sí solos, todos esos avances, el sector técnico-profesional los tuvo estos cuatro años, no los tuvo antes. No quiero con eso desmerecer avances previos. Nosotros hicimos los esfuerzos de equiparar la relevancia del sector técnico-profesional al sector científico-humanista o universitario en la educación superior.

La PSU ha sido criticada por perjudicar la opción de egresados de colegios TP, quienes deben rendir la prueba sin tener todos los conocimientos. ¿Por qué no se avanzó en resolver esto?

Son instrumentos que son de autonomía de las instituciones y, por lo tanto, no había mucho, desde el punto de vista de la política pública, que hacer para tener injerencia o plantear una opinión que al menos fuera considerada de manera más seria.

¿Pese a que el Cruch (dueño de la PSU) es un organismo creado por ley y que recibe fondos públicos?

En el sistema de admisión las instituciones son autónomas. Con la Ley de Educación Superior el ministerio va a participar de esa discusión y, por lo tanto, va a mejorar y poder recoger de manera mucho más rápida ese tipo de vivencias. El país va a empezar a funcionar con una institucionalidad distinta, que esperamos pueda permitir que sea mucho más permeable a este tipo de situaciones y, por lo tanto, ir permanentemente mejorando los instrumentos para eliminar todo tipo de discriminación.

¿Cree que el nuevo gobierno tendrá la voluntad de continuar alguna de las políticas que se han hecho en este gobierno?

Yo diría que en el Congreso hubo un consenso bastante importante que permitió la aprobación de las leyes de la reforma educacional y que eso es algo que va más allá de las opiniones de algunas personas que quizás no participaron de ese debate. Hay que mirar objetivamente el avance real de la implementación de las leyes, porque hubo muchos mitos, se dijo que se iban a cerrar miles de colegios y, por lo tanto, si son opiniones en base a ese tipo de prejuicios, evidentemente la invitación es a informarse bien antes de plantear modificaciones. Esto no quiere decir que las leyes quizás no deban ser mejoradas y estén permanentemente monitoreadas para ver cómo están funcionando. Entonces, uno esperaría que haya primero mucha objetividad respecto de la opinión, porque, además, el sistema educativo, las comunidades son sensibles también en los debates mediáticos y evidentemente en eso hay que ser muy responsables cuando se anuncian cambios.

Sobre las críticas que públicamente hizo el futuro ministro, cuando él se interiorice de las leyes, ¿podría cambiar su mirada?

Creo que no corresponde emitir opinión sobre cómo ellos van a reaccionar, a nosotros solo nos corresponde entregar una administración adecuada. Nos sentimos orgullosos de aquello y estamos disponibles para apoyar a las próximas autoridades en lo que estimen pertinente. En nuestra opinión la reforma era necesaria, estamos tremendamente orgullosos de lo que hemos hecho, tenemos convicción de que había que hacerlo, pero también lo decimos con mucha humildad. Esto hay que monitorearlo, hay que ver que funcione bien y mejorar lo que se requiera, los objetivos y propósitos de la reforma obviamente nosotros los defendemos y los seguiremos defendiendo, porque nos parece que es lo que Chile tenía que hacer.

Cuando se partió con la reforma hubo una carga ideológica muy fuerte que llevó a críticas...

Creo que Chile tenía, y sigue teniendo, un contexto muy ideologizado respecto de la educación, evidentemente todas las propuestas que se plantean obedecen a una mirada de política. Pero cuando uno mira el debate en otros países en materias educativas, llama mucho la atención el nivel de polarización que el debate tuvo en nuestro país, y yo diría que eso tiene que ver con que es un país donde hace mucho tiempo la educación ha sido una bandera o un sector tremendamente ideologizado. Ha costado entender que esta reforma tiene que ver con que era un paso que Chile tenía que dar para el desarrollo.

¿Quizás había muchos intereses económicos o ideológicos?

En el sistema educativo había bastantes intereses económicos, pero también una cultura muy arraigada. A las familias les parecía súper natural someterse al proceso de admisión, donde te preguntaban tu estado civil para ver si es que los niños eran merecedores de un cupo en un establecimiento. Cuando las leyes han tenido los niveles de aprobación que finalmente terminaron teniendo, que es totalmente distinto a como partió el debate, habla también de un país o un Congreso que maduró y consensuó una visión. Yo invitaría a todos los actores a seguir estudiando ese debate. La Ley de Inclusión nosotros la analizamos en un libro que vamos a sacar, principalmente porque nos parece importante visibilizar también ese esfuerzo país que ha significado el ponerse de acuerdo.