En medio de su visita a la Región del Biobío, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo se refirió a la postura de la administración actual respecto a la seguridad y los proyectos de ley para enfrentar el crimen organizado.

En entrevista con el diario El Sur, la ministra especificó que ”detrás de la violencia hay homicidios, sicariato, y robos con violencia, hay negocios tanto por el control territorial como por el enriquecimiento ilícito”.

Para enfrentar aquello, explicó, “es clave sobre todo para el negocio de la madera que puede estar relacionado con otro tipo de negocio, es el proyecto de ley de inteligencia económica: si queremos ver cómo se mueve el dinero en esto, quienes están detrás de este negocio, debemos tener la posibilidad de levantar el secreto bancario”.

“Sé que hay sectores de la oposición que no quieren levantar el secreto bancario, pero para los fines investigativos lo que más necesitamos es llegar a identificar de dónde viene este negocio”, argumentó.

Al ser consultada sobre si le costó al gobierno llegar a la convicción de que la crisis de seguridad debía abordarse de esta manera, la ministra contestó: “por un lado, nosotros siempre tuvimos agenda y compromiso en materia de seguridad, pero tuvimos que llegar a fortalecerlos, incorporando más medidas, porque cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta de que las policías no tenían ni siquiera vehículos para moverse”.

“Cuando hablamos de reformar y modernizar la institución, apuntamos a que tenga las capacidades a la altura del siglo XXI para que pueda salir a la calle a enfrentar la violencia y el crimen organizado”, aseguró.

Asimismo, mencionó que “estuvimos mucho tiempo mareados con recetas fáciles, que sacaban buenos titulares y se potenciaban en materia de elecciones. La típica frase de ‘delincuentes se les acabo la fiesta’, pero poco de sustantivo y concreto; lo que tuvimos que hacer -y creo que nos hace mucho sentido- es que la agenda de seguridad no es patrimonio de los sectores conservadores de nuestra sociedad, sino que es una agenda de derechos fundamentales, y que se debe abordar desde el punto de vista del Estado”.

“En último lugar, yo diría algo que a algunos les puede molestar, pero que tiene mucho de verdad: prefiero a alguien crítico de la institución de Carabineros, pero que con hechos concretos hace mucho más para fortalecerla y mejorar sus capacidades de trabajo y operativas, que alguien complaciente con la institución y hace poco y nada para su fortalecimiento. Nosotros, como gobierno, nos sentimos más identificados con el primer grupo”, cerró.