Una querella por estafa contra cuatro loteadores de Laguna Verde presentó esta mañana en Valparaíso el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
Con este recurso el gobierno "se hace cargo" de una problemática que afecta a cerca de 600 familias que, engañadas por estos "delincuentes", en vez de comprar una casa "compraron un problema", señaló el Ministro.
Engatusados por el bajo costo de los terrenos –sin servicios básicos incorporados–, los residentes firmaron una cesión de derechos, mas no una escritura de compraventa. A fin de cuentas, "las personas no son dueñas de nada", señaló Ward, y lo que adquirieron fue solo "una porción de derechos".
Traslado o demolición
Más allá de la infracción penal que cometen estas "verdaderas inmobiliarias del delito", como calificó la seremi, Rosario Pérez, el Ministro de Bienes Nacionales aseguró que "no vamos a regularizar lugares que provengan de loteos irregulares".
De esta manera, "las personas tendrán que abandonar esos terrenos, para hacer caminos, los que hoy día no hay. Van a tener que trasladarse, si es necesario, sobre todo aquellas personas que están en lugares riesgo", explicó la seremi.
Por su parte, la gobernadora, María de los Ángeles de la Paz, indicó que estas personas "se arriesgan a que la municipalidad ejerza su facultad de demolición".
Agua contaminada
Pero la venta ilegal de terrenos no es el único problema en Laguna Verde. La proliferación de asentamientos agotó los recursos de la Cooperativa de Agua Potable Rural (APR), lo que desencadenó la venta de agua desde pozos y camiones aljibe, algunos sin certificación.
En respuesta, el gobierno abrió un expediente por extracción ilegal de agua, e instruyó la fiscalización de todos los pozos del sector. "Hay una contaminación importante del agua", afirmó la seremi Pérez, razón por la cual la Superintendencia del Medio Ambiente está analizando "si hay o no afectación en la calidad de las aguas subterráneas, a causa de la infiltración de percolados del relleno sanitario El Molle".
La gobernadora, en tanto, hizo un llamado "a la responsabilidad de los vecinos, en cuanto a consumir el agua que es abastecida de manera legal mediante el APR establecido".
