Vecinos del “barrio penitenciario” arremeten en tribunales para impedir construcción de nueva cárcel en Santiago

En distintos tonos, autoridades de gobierno han insistido en que se requiere construir a la brevedad una nueva cárcel de máxima seguridad para albergar a internos peligros y, de paso, descomprimir un sistema que estaría al borde del colapso.

“O se deja de enviar gente a la cárcel, se construyen plazas rápido, o se dicta una ley de indulto general”, dijo enfático el ministro de Justicia, Luis Cordero, al abordar la problemática y reafirmar que la zona escogida para construir es avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago.

Sin embargo, los vecinos de la mencionada comuna y la propia alcaldesa, Irací Hassler (PC), están lejos de mirar con buenos ojos la medida.

De hecho, durante la jornada de este jueves un grupo de habitantes del Barrio Yarur -que se encuentra frente a donde se emplazaría el nuevo penal- ingresaron un recurso de protección con miras a impedir las obras. Acusan que se trata de una grave amenaza para quienes viven en la zona.

“En nombre de los vecinos hemos presentado un recurso de protección ante la amenaza de construcción de una cárcel que queda aledaña al barrio. Eso es tremendamente pernicioso, si una cárcel ya genera muchos problemas, más aún lo va a hacer una cárcel de alta seguridad, por eso esperamos que los tribunales resuelvan en forma correcta y nieguen la construcción de esta cárcel”, manifestó el abogado Carlos López.

La acción es encabezada por Patricio Catrilaf, secretario del Comité de Seguridad y Prevención Ciudadana Manuel León, y la diputada María Luisa Cordero (IND-RN), y es apoyada por los diputados Eduardo Durán (RN) y Johannes Kaiser (IND).

Como se lee en la acción, la construcción de la cárcel -a juicio de ellos- “implica una amenaza directa” a los derechos constitucionales de los habitantes del barrio, en particular, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Subrayan, en ese sentido, que la instalación carcelaria “acentúa la sensación de inseguridad” y podría deteriorar significativamente la calidad de vida en la zona.

Además, reclaman que la decisión fue anunciada mediante un comunicado de prensa y no a través de un acto formal respaldado por la ley, lo que se considera una decisión “arbitraria e ilegal” por parte de los recurrentes, quienes también destacan que faltarían estudios de impacto y consultas previas a la comunidad.

Frente a la medida, la diputada Cordero expuso: “Yo no estoy en contra de la construcción de cárceles, porque si es necesario hay que hacerla, pero no aquí, sino en las partes aledañas, lejanas a las comunidades. Este es un gobierno que se llena la boca y se lava los dientes con los derechos humanos, pero parece que son los derechos humanos de ellos”.

Desde el Ejecutivo, en tanto, el ministro Luis Cordero sostuvo que es “legítimo” que se presenten recursos como el descrito, aunque insistió en que su obligación es “tratar de insistir en ampliar el sistema penitenciario en Santiago 1 o en cualquier parte del país”.

“Hay que buscar todas las soluciones posibles para ampliar el sistema y es lo que hemos estado haciendo con el MOP. Si hay personas que se quieren oponer, parlamentarios, vecinos, me parece que es legítimo. Pero un dato: De los 81 recintos penitenciarios que funcionan en el país, 70 funcionan en zonas urbanas. Y la razón por la cual no se ha desarrollado infraestructura penitenciaria en los últimos 15 años ha sido por oposiciones de estas características, pero el mandato que yo tengo es tratar de optimizar esto y hacerlo del modo más expedito posible”, complementó.

Si bien este es el primer recurso que se oficializa en tribunales en contra del nuevo penal, desde la municipalidad de Santiago han recalcado que siguen estudiando el curso de acción. El tema es analizado por el equipo jurídico, el cual está a la espera de que el Ministerio de Vivienda les haga llegar el proyecto de reforma al Plan Regulador.