La Fundación Chilena para la Discapacidad dio a conocer un informe que analiza los dos años de vigencia de la Ley 21.015 sobre inclusión laboral para personas con discapacidad, en el que propone una serie de ajustes a la normativa.
En este sentido, el presidente de la fundación, Matías Poblete, aseguró que “aún el número de contratación es bajo, frente a la meta del gobierno de 25.000 empleos en el sector privado y a lo menos 2.500 en el sector público, sin contar, por ejemplo, a instituciones como Fuerzas Armadas, sobre todo, por el actual momento del país. Esperamos que las personas en situación de discapacidad no sean las más afectadas en cuanto al desempleo dada la contingencia que estamos atravesando".
Una de las recomendaciones hechas en el estudio es que la Contraloría General de la República sanciones a las empresas públicas que no cumplan esta ley de inclusión laboral para personas con discapacidad.
“Hasta aquí solamente las instituciones del sector público deben informar si han cumplido o no la normativa, sin recibir sanciones por incumplir y sin recibir sanciones por no informar el acatamiento de la ley. No reciben penas ni tampoco nadie los fiscalice si lo hacen o no lo hacen”, expuso el presidente de la fundación.
A juicio de Poblete, “se debería modificar el sistema de comunicación mediante oficios que realizan los servicios públicos implementando un sistema de informe único de llenado en línea, que permita tener información certera y eficaz respecto al cumplimiento de la normativa y las excusas presentadas, tal como lo ha hecho en ese sentido la Dirección del Trabajo con las comunicaciones que deben presentar al respecto los empleadores”.
De igual manera, “por parte del sector público, es necesario avanzar hacia una cuota del 2% con paridad de género gradual puesto que las mujeres con discapacidad tienen una baja tasa de ocupación laboral aun cuando está en vigencia la presente ley”, acotó Poblete.
En tanto, para el sector privado, “quisiéramos que existieran exenciones tributarias para las empresas que implementen ajustes razonables para mejorar la calidad de los puestos de trabajo, en función de los apoyos que necesitan las personas con discapacidad"
Lo anterior dado que "hasta hoy el foco estaba puesto en la contratación y no en la calidad de los empleos para estas personas, quienes podrían vivir una precarización laboral si es que no reciben los apoyos necesarios según sus características individuales asociados a su condiciones de discapacidad”.
Cabe recordar que la Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad establece que los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad.
