El contexto laboral en medio de la pandemia por el coronavirus ha sido motivo de preocupación para los chilenos. Sin embargo, la inquietud aumenta si se trata de trabajadores que son personas con discapacidad.
Prueba de ello es que el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, Matías Poblete, expresó que se hace imperioso que las autoridades adopten medidas para proteger la inclusión laboral y la fiscalización en estos tiempos complejos por el coronavirus.
“Considerando estos números y el riesgo de exclusión laboral para estos casos se torna urgente poner énfasis en que la normativa no deje de ser cumplida por las empresas, ya sea por contratación o por alguna de las medidas alternativas, puesto que en los tiempos que se avecinan se hará difícil su implementación y fiscalización”, expresó.
En este sentido, el dirigente planteó que el gobierno y los legisladores deben adoptar acciones específicas para la protección de la inclusión laboral que permitan mitigar en algún grado estas amenazas.
“Una acción relevante que puede aportar, en ese sentido, consistiría en la retribución a las empresas, vía impuestos, de gastos asociados a ajustes razonables correspondientes a tecnologías de apoyo para una correcta ejecución del teletrabajo y pensando en un retorno a las actividades presenciales. Se trata de ajustes necesarios de alto costo y relacionados con la puesta en marcha de medidas inclusivas de protección sanitaria”, arguye.
Por otra parte, Poblete se refirió a la situación de los trabajadores que se desempeñan gracias a la Ley de Inclusión Laboral y que no tienen acceso a la Ley de Protección del Empleo.
“Una persona con algún tipo de limitación que estaba trabajando antes de la pandemia gracias a la Ley de Inclusión Laboral (Ley 21.015) no puede acceder a la Ley de Protección al Empleo por lo que se perjudica al trabajador y a la empresa. Ellos no cuentan con seguro de cesantía (al igual que los pensionados) por lo que no pueden postular a este beneficio estatal”, sostuvo.
“La solución pasa porque el gobierno y el Parlamento se pongan de acuerdo y aprueben indicaciones urgentes a la ley. Si bien, recientemente la normativa sufrió algunos cambios, ninguno de estos es para apoyar este segmento de la población que lo viene pasando mal desde el 18 de octubre con el estallido social. Ahora que se discutirá este proyecto en el Congreso es necesario hacer estos ajustes, no podemos seguir esperando más tiempo”, aseveró.
Según cálculos de la fundación, serían más de 10.000 las personas en situación de discapacidad con alguna relación laboral vigente en el contexto de la Ley 21.015 las afectadas por esta falta de cobertura.
Por ello, “se requiere cuanto antes una solución para evitar estos vacíos legales que elevan la desigualdad de los grupos más vulnerables de nuestro país, como son los trabajadores con pensión total de invalidez, que en la mayoría de los casos necesitan trabajar para complementar sus pensiones que son bastante bajas y así entregar un sustento a sus hogares”.
