Sorpresa causaron en el mundo judicial las declaraciones que realizó el martes pasado el Presidente Sebastián Piñera cuestionando al Poder Judicial.

En una entrevista a Radio Pudahuel, el Mandatario señaló que "creo que hay algunos jueces que no están aplicando la ley, que están fallando de forma equivocada, que le dan un manto de impunidad a los delincuentes. Y esos jueces no pueden seguir así".

Los comentarios provocaron malestar al interior del Poder Judicial. El ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, aseguró el miércoles que "me preocupa porque la afirmación es muy general. Jueces que no cumplen con su cometido. Y eso es casi un continente sin contenido porque uno no sabe de cuál cometido, de cuál obligación está hablando, qué tipo de cumplimiento".

Tras la intervención de Cisternas, otras voces se sumaron a las críticas hacia los dichos del Presidente. Entre ellas la del vicepresidente de la Asociación de Magistrados,  Álvaro Flores, quien en entrevista con La Tercera aseguró que para él la declaración del jefe de Estado "es una cuestión puramente de oportunismo".

—¿Cómo recibieron las declaraciones del Presidente?

—Para nosotros es una reiteración de una especie de estrategia bastante utilizada previamente que lamentamos. Porque es casi una majadería recurrir en este caso a una especie de acusación genérica. Para nosotros perjudica la comprensión que pueda tener la ciudadanía sobre la función de los jueces. Hemos dicho muchas veces que la seguridad ciudadana y la seguridad pública en general tiene como responsable fundamental a la autoridad pública, en este caso el Ejecutivo. Los jueces cumplimos una función caso a caso, por lo tanto, endosarles responsabilidad ahora básicamente casi genérica es casi una especie de estrategia para levantar encuestas o alguna otra finalidad que, lamentablemente, La Moneda no es primera vez que utiliza.

—A lo largo de este gobierno ha habido otras críticas al trabajo de jueces. Quizás el caso más mediático ha sido el del juez de San Antonio, Juan Pablo Flores, quien declaró ilegal la detención de dos sujetos que portaban armas ¿Cómo califica esta reiteración en las críticas por parte del Ejecutivo?

—Es un exceso que lamentablemente se está volviendo recurrente, y de alguna manera hay una responsabilidad comprometida en que la más alta autoridad del país esté predisponiendo, con fines que no nos parecen en este caso justificados, a la ciudadanía. Y además está determinando una responsabilidad que no tenemos en el control de la seguridad ciudadana. En el caso de San Antonio nosotros advertimos que era el ejercicio de una función pública que, por lo demás, la ha hecho regularmente la Corte Suprema cuando resuelve. No es un tema de un juez específico, sino que la Corte hace lo mismo cuando resuelve casos similares. En este caso nosotros advertimos que iba a ir destinado a una casi segura absolución, porque lo que se hizo ahí fue estropear una prueba a partir de un procedimiento ilícito por parte de las policías. Entonces se está poniendo el foco donde no se debe, en los jueces y no en los responsables de la seguridad pública.

—Estos dichos se producen en medio de la discusión de un nuevo sistema de nombramientos al interior del Poder Judicial ¿Cree que estas acusaciones entorpecen ese trabajo?

—En ese ámbito nosotros hemos apoyado la propuesta en general para modificar nombramientos. Pero creo que se genera desde el equipo político de La Moneda una línea muy errada que a lo menos causa un gran malestar en los jueces regularmente, porque lesiona la imagen pública de la función de los jueces. Y la lesiona de quien debiera tener una mirada republicana que es el Presidente de la República.

—¿Por qué cree que se generan estos dichos sin que haya aparentemente una contingencia que los pudieran justificar?

—Eso es lo realmente lamentable de esta contingencia. Que se da una especie de declaración espontánea que parece estar asociada a un problema o alguna sugerencia de un asesor, porque normalmente sale gratis pegarle a los jueces, porque se genera cierta conexión con alguna opinión ciudadana, pero es sumamente injusto. Y en eso debiera ser particularmente cuidadoso el Presidente de la República y las autoridades políticas del país. Para mí es una cuestión puramente de oportunismo, además es una denuncia absolutamente genérica. Se hace una especie de condena o reproche a los jueces en general, y los jueces en general realizan su función a diario de manera apegada a la ley.

—¿Cómo creen ustedes que debería convivir dicha función de los jueces con la labor del gobierno en el combate a la delincuencia?

—Las funciones del gobierno están claramente en la ley, lo mismo que el Poder Judicial. Pero culpar a los jueces por la delincuencia es muy parecido a culpar a los geólogos por los terremotos. Los jueces intervienen respecto de una realidad que ya tiene incorporada la comisión de delitos. Entonces sabemos que las condiciones de los delitos no tienen que ver con lo que producen los jueces, sino que a condiciones sociales muy estudiadas del origen de la delincuencia. Entonces las estrategias, la prevención, la intervención en el delito flagrante, la asignación de recursos, la coordinación de las policías es trabajo del Ejecutivo. Los jueces, caso a caso, por miles a diario, resuelven con el mérito del proceso. Y una de esas resoluciones tiene que ver con que las policías cumplan la ley, que cumplan los procedimientos.

—En el último tiempo ha existido un diálogo bastante fluido de parte del Poder Judicial con el ministro de Justicia, Hernán Larraín ¿Cree que hay una descoordinación entre el ministerio y La Moneda por estos dichos?

—No me atrevería a evaluar eso. Efectivamente nosotros también como asociación, y el ministro Larraín lo ha dicho, hemos tenido no solamente un diálogo, sino que un trabajo fructífero en el ámbito de nombramientos. Pero a nosotros nos gustaría que, más allá de hacer una calificación sobre qué pasa en el gobierno, se pusiese el foco en las cuestiones relevantes y no en este tipo de declaraciones que afectan directamente la independencia de los jueces. Por lo menos no han venido desde el Ministerio de Justicia, eso lo tenemos muy claro.