Como resultado de tres sumarios administrativos, que inició luego de detectar -en 2019- un déficit de $17.585.250.174 en el municipio, la Contraloría Regional de Valparaíso propuso a la Municipalidad de Viña del Mar sancionar a un jefe de departamento y a dos antiguos directivos de la exalcaldesa Virginia Reginato (UDI).

Por detectar una falta en el registro de deuda y déficit presupuestario, el órgano contralor sugirió destituir al ex administrador municipal, Pablo Staig Araujo -que ya no trabaja en la alcaldía-; y suspender al director de Finanzas, Manuel Echeverría León, que en marzo percibió una remuneración bruta de $3.617.545, según el portal de Transparencia del municipio.

En dicho incumplimiento, la Contraloría además determinó que Reginato tuvo responsabilidad administrativa, pero no remitirá los antecedentes al concejo municipal, por cuanto ya fue sancionada por el Tribunal Calificador de Elecciones con el cese de su cargo (de concejala, que ganó en 2021) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

A raíz de los sumarios, el ente contralor también halló diferencias en la información contenida en las cuentas públicas de 2015 y 2017.

Específicamente, detectó que la exalcaldesa entregó información sobre la situación presupuestaria que no concordaba con aquella que era provista por la Dirección de Control del municipio. Y volvió a determinar su responsabilidad administrativa. Pero, por el mismo motivo que con la falta anterior (ya fue sancionada), no remitirá los antecedentes al concejo municipal.

No obstante, por ese incumplimiento sí propuso una segunda sanción contra Staig Araujo: una multa del 20% de su remuneración mensual.

Finalmente, por cometer labores no acreditadas, la entidad propuso destituir a Miguel Salvo Bertini, exjefe de Aseo y de Parques y Jardines -que tampoco trabaja en la municipalidad-, por su responsabilidad en la ejecución de contratos suscritos por el municipio -para la provisión de personal- donde no fue posible acreditar las labores que habrían realizado algunos trabajadores fichados por empresas contratistas.

El municipio tiene 20 días para responder a la Contraloría Regional de Valparaíso. Consultada sobre qué hará con la propuesta de sanción -considerando que dos de los tres involucrados ya no se desempeñan al interior de la casa edilicia- la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) no emitió respuesta.

Cabe destacar que Staig y Echeverría están imputados por fraude al Fisco, por el presunto pago irregular de horas extra en la Municipalidad de Viña del Mar, durante el segundo semestre de 2014.