Violencia juvenil: adolescentes que usaron armas de fuego para cometer delitos subieron 42% en la RM

Un joven que fue baleado en Colina durante la noche del 30 de diciembre tenía solo 21 años. Fue uno de los últimos hechos de sangre que se registró poco antes de que terminara el año. La Fiscalía investiga las circunstancias en que se produjo el hecho y cuyo autor sería un adolescente de 16 años que fue detenido por este delito. Tras ser formalizado, se terminó su internación provisoria, ingresando directo al sistema penal juvenil. Este caso engrosó la lista de menores de edad que usaron armas de fuego para cometer delitos durante 2024.

Por ley, los adolescentes que sean detenidos y formalizados por un delito, no van a la cárcel como los adultos sino que quedan en internación provisoria, en centros que aún son administrados por el Servicio Nacional de Menores (Sename), mientras se hace la transición a la nueva institucionalidad. Estos son llamados Centros de Administración Directa, que cuentan con varias subdivisiones: Centros de Internación Provisoria, Centros Cerrados y Centros Semicerrados, y proyectos en Medio Libre.

Cifras registradas por el Sename, a las que tuvo acceso La Tercera, dan cuenta de que el año pasado hubo un fuerte aumento en la Región Metropolitana (RM) de ingreso de jóvenes a estos centros, tanto en programas de Medio Libre y Centros de Administración Directa, principalmente de quienes fueron aprehendidos usando armas de fuego para cometer hechos delictuales. El incremento, según estos datos, fue de un 42,2% de jóvenes que estuvieron bajo alguna medida cautelar en dependencias de este servicio, tras ser imputados por hechos ilícitos en que se ocuparon pistolas o elementos similares.

Estos antecedentes van en directa relación con las cifras de la cuenta pública entregadas en enero pasado por las fiscalías de la Región Metropolitana, donde se señaló que los hechos de violencia juvenil tuvieron un alza de 4% respecto de 2023. Esto representa un 4,1% del ingreso total de imputados conocidos en la Región Metropolitana.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, analiza algunas de las circunstancias que pueden influir en este fenómeno. “Han existido falencias que han permitido la propagación de armas de fuego, bandas delictivas organizadas y abandono crónico del Estado en diferentes territorios y por mucho tiempo”, considera la autoridad.

A su juicio, todo este escenario incide en “el resultado que hoy vemos en el aumento de cifras de violencia hacia la niñez y adolescencia”.

Debido al aumento en la conducta delictual de jóvenes y adolescentes, Quesille señala: “Una de las debilidades más importantes que hemos tenido como Estado es que muchas de las políticas públicas de infancia no han sido estables ni permanentes en el tiempo, además de enfocarse en la protección especializada”.

La protección del Estado para jóvenes y adolescentes, según se ha establecido en la ley, está radicada en los centros del Sename. Ahí, según se lee en la propia página del servicio, ellos están encargados de todo lo relacionado con justicia y reinserción juvenil. “(Están encargados de) ejecutar las medidas cautelares y sanciones ordenadas por los tribunales de acuerdo a la Ley Penal Adolescente, que se aplica desde los 14 a los 17 años, así como de los programas de apoyo para la reinserción educativa y laboral de los jóvenes”, se indica en la página web del organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

Consultada al respecto, la directora del Sename, María Eugenia Fernández, explica que “cuando el Sename recibe a un adolescente es porque un tribunal determinado tomó una decisión sobre él y nosotros administramos esa condena, por lo que no analizamos su vida en el exterior de los centros, ni los motivos de su detención. Y es el mismo tribunal quien hace el seguimiento a su condena y, por ende, resuelve cuando deja de estar bajo la custodia nuestra”.

El organismo identificó también un alza en los ingresos a Centros de Administración Directa por cuatro tipos de delitos entre 2023 y 2024. Por la Ley de Control de Armas, un 10%; por delitos contra la propiedad, un 16,6%; por delitos contra las personas (robos, agresiones, etc.), un 4,4%, y por tráfico de estupefacientes, un 112,5%.

En las causales de ingreso en proyectos de Medio Libre, vale decir bajo la dependencia de familiares, hubo un aumento de 10% por Ley de Control de Armas, de 6,2% por delitos contra la propiedad, de 40% por delitos contra las personas y de 13,4% por tráfico de estupefacientes.

Según Quesille, el aumento se debe a la deficiencia de las políticas públicas en torno a la protección de menores de edad: “Podemos quizás mitigar los efectos de años y años de omisión de acciones de prevención, pero si de verdad queremos cambios, debemos planificar políticas públicas a mediano y largo plazo que tengan impacto en las generaciones de hoy y el futuro”.

La directora nacional del Sename agrega que “muchos de estos adolescentes no van al colegio o no están en los niveles que deberían estar. No han tenido oportunidades en la vida, no han tenido, en su mayoría, un adulto significativo, y pertenecen a espacios más vulnerables, lo que confirma que cuando llegan al Sename es porque ya todo falló hacia atrás”.

En la cuenta pública de las fiscalías de la Región Metropolitana se destacó que el año pasado ingresaron 7.964 hechos delictivos en que participaron adolescentes, aumentando un 4% respecto al 2023. Esto representaría un 4,1% del ingreso total de imputados conocidos en la RM, en cifras que incluyen a adultos.

El Ministerio Público señaló que los delitos de mayor connotación cometidos por jóvenes y adolescentes son lesiones, robos, delitos contra la libertad e intimidad de las personas, y delitos sexuales. Estas características de ilícitos van conectadas con los datos proporcionados por el Sename en los ingresos de adolescentes.

La directora del Sename indica que administrar las condenas de los jóvenes no es solamente acompañarlos durante su proceso, sino que “también nos transformamos en un equipo que administra sus frustraciones, sus penas o sus dolores, porque, en el caso de los que están privados de libertad, están todo el día bajo nuestro cuidado, y ahí el mayor patrón en común tiene que ver con la deserción escolar”.

Quesille pone el foco en la protección que el Estado debe dar a los menores de edad, lo que va ligado a evitar la deserción escolar y la violencia en los hogares.

Junto con esto, el defensor de la Niñez hace una crítica a la Ley 21.430, la norma que protege las Garantías y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, publicada el 2022.

“Solemos evadir este debate, porque no es la urgencia. Junto con ello, se requiere planificar políticas y programas que permitan un abordaje diferenciado a nivel social, comunitario y familiar de la prevención. La extensión del programa Chile Crece Contigo, dispuesto por la Ley 21.430, no ha tenido un escenario claro sobre qué elementos se necesitan para acompañar y apoyar en las etapas de desarrollo en la adolescencia, aun cuando la Ley de Garantías dispuso su extensión hasta los 17 años de edad”, sentencia.

En la línea de la integración y protección infantil, la directora del Sename sostiene que “estamos siempre en constante evaluación de los talleres laborales y de los programas educativos, para que vayan acorde al perfil de los jóvenes y la ayuda a la reinserción sea más efectiva. Sin embargo, una vez terminen la condena nosotros ya no tenemos injerencia en ellos.” Añade que por eso se creó el programa Servicio de Reinserción Social Juvenil, que opera en el norte y el sur del país, y que desde el 13 de enero de 2026 trabajará en la zona central cuando el Sename finalice.

Finalmente, ante estas cifras de incremento de violencia juvenil, Quesille enfatiza que “se hace fundamental implementar programas que intervengan la conducta delictiva temprana y, en el caso del sistema de responsabilidad penal adolescente, fortalecer significativamente la calidad de los programas de Medio Libre. Esperamos que el nuevo servicio de reinserción vaya en este camino”.