El gobierno siempre fue reticente al estado de excepción. Eso se desprende de casi todas las intervenciones públicas que hicieron sus representantes antes de llegar a La Moneda. Sin embargo, la cantidad de atentados relacionados a la violencia rural entre las regiones del Biobío y La Araucanía los hicieron cambiar de perspectiva.
Las cifras son claras. Desde que asumió la administración de Gabriel Boric, en la Macrozona Sur hubo 245 hechos asociados a la violencia rural: incendios, usurpaciones, daños y lesiones fueron los delitos que más se repitieron. Esto motivó a decretar un estado de excepción “acotado”, donde los funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) solo podrían desplegarse por las rutas principales que unen Biobío y La Araucanía.
El decreto que fija el estado de excepción vence este martes, aunque el gobierno tendría la intención de renovarlo, pues las cifras no son alentadores. Según antecedentes de Carabineros, desde que se instauró el estado de excepción y hasta el 28 de mayo, ocurrieron 35 eventos asociados a violencia rural.
El número refleja una leve baja en la cantidad de hechos de este tipo (donde se miden incendios, usurpaciones, lesionados, amenazas y cortes de ruta), en comparación con los 11 días anteriores al estado de excepción. Los datos de la policía uniformada dan cuenta de que entre el 6 de mayo y el 17 de este mes se registraron 49 ilícitos de violencia rural.
Así, si se comparan ambos periodos, Carabineros detectó una baja de un 28% en los delitos de violencia rural en la Macrozona Sur. Fuentes policiales advierten de que el hecho de que la caída sea leve, se explica pues los controles reforzados con las Fuerzas Armadas (FF.AA.) solo se llevan a cabo en rutas y no en todo el territorio en conflicto.
En esa misma línea, otra autoridad de la zona da cuenta de que en el estado de excepción anterior, decretado por el gobierno pasado el 13 de octubre del 2021, la baja fue mayor, pues las atribuciones de las FF.AA. también eran más, en cuanto a desplazamientos y alcances. En ese entonces, los delitos bajaron un 40%.
Por lo mismo, las autoridades del Biobío y de La Araucanía ven con buenos ojos el que se pueda extender el estado de excepción. Existe una baja de los delitos, pero aún no es suficiente, dado que la baja es leve y, además, el clima en la zona es tenso, más cuando la semana pasada falleció de un disparo el trabajador Segundo Catril Neculqueo (66).
En cuanto a las personas detenidas, los once días previos al estado de excepción se registraron 10 personas arrestadas. En tanto, ya con la medida andando y ad portas de finalizar, en estas dos semanas son 15 quienes han sido arrestados.
Fuentes policiales explicaron que el aumento de las detenciones responde a dos factores: que al estar las FF.AA. en las rutas libera a las policías para efectuar controles en otras zonas, elevando las probabilidades de detectar personas con órdenes de detención pendiente o en delitos flagrantes.
Otro elemento que sustentaría la prolongación del estado de excepción es que entre el 18 y el 24 de mayo fueron 23 los eventos de violencia rural, en cuatro días, ocurrieron doce ilícitos más. Así, en casi una semana estos eventos crecieron en un 52%.
En el Ejecutivo están convencidos de que la sola implementación del estado de excepción no hará bajar los ilícitos a cero, pero sí han transmitido a las autoridades policiales y de las FF.AA. desplegadas en la zona que mientras se logre asegurar el libre tránsito y entregar una presencia que dé tranquilidad, ayuda a descomprimir la creciente tensión.
El presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, señala que “el estado de excepción ha mostrado ser una herramienta importante, ya que antes bajaron casi a la mitad de los delitos, sin embargo, hay ilícitos graves que no han bajado mucho, como los atentados incendiarios. Esta es una herramienta importante, pero debe ser mejorada, de manera tal que las FF.AA. también puedan resguardar otros lugares”.
Para Santibáñez, “debe haber controles en puntos estratégicos, donde estas personas que delinquen se mueven con total libertad, como pasó en el caso de don Segundo Catril, a quien lo atacaron en una zona donde no había resguardo. Hay que adelantarse en la fiscalización y desplegarse para reducir la movilidad de estos grupos”.
