Josmarghy Castillo, viuda del teniente (r) Ronald Ojeda, luego de que se rechazara su solicitud de refugio político en Argentina, en entrevista con El País manifestó que “el gran problema es que para Chile es muy difícil aceptar que ya no es un país seguro para los refugiados, al menos no lo es para los venezolanos”.
La venezolana de 32 años, mediante su abogado, realizó las gestiones para trasladarse con su hijo, cuñada y sobrinos al país trasandino, pero al llegar a Argentina debió regresar a Chile, porque su petición había sido rechazada.
Y relató que no se sentía segura en territorio chileno debido a que El Tren de Aragua, organización presuntamente vinculada al crimen, “tiene el control de muchas zonas chilenas, lo que es inseguro y riesgoso. Vivimos con miedo y angustia. Hemos hecho muchas cosas para protegernos y, a pesar de eso, no nos sentimos en calma”, relató Castillo.
Con respecto a los detenidos por el secuestro y homicidio del exmilitar manifestó que “deben cumplir una condena en Chile, porque en Venezuela —en caso de ser capturados— es como si estuvieran en un hotel de lujo. Por eso nosotras pedimos ayuda al FBI, para que se logre identificar la huella que no se pudo cotejar en Chile y el ADN de los cabellos encontrados en el cuerpo de Ronald. Queremos dar con otros nombres, poner la alerta a nivel internacional y que estas personas sean capturadas”.
En esa línea, por el primer detenido vinculado al crimen, un adolescente de 17 años, indicó al medio citado que “las leyes chilenas deberían ser más duras con menores que cometen homicidios intencionales o secuestros. Este joven, que cuando fue detenido tenía 17 años, estaba consciente de que lo que hacía estaba mal”.
Detenido en Costa Rica por crimen de Ronald Ojeda
La semana pasada, Maickel Villegas Rodríguez, ciudadano venezolano de 26 años, fue detenido en Costa Rica tras ser vinculado al secuestro y homicidio de Ojeda.
Para concretar su llegada a Chile, esta tarde la Corte de Apelaciones acogió la solicitud de extradición y ahora el trámite seguirá a Cancillería, encargada de materializar el proceso.
El fiscal Héctor Barros destacó la rapidez con la que actúo el Poder Judicial y detalló que “esta misma semana la documentación y todos los antecedentes administrativos deberían estar en poder de Cancillería de Costa Rica”.
