Viudo, depresivo y con ira: quién es el hombre armado que secuestró a una trabajadora en una sucursal de AFP en Las Condes

Marcos Antonio Solís Castro (55) llegó a eso de las 12.20 a la sucursal de AFP ProVida, ubicada en Avenida Apoquindo 4251, en la comuna de Las Condes.

Portaba dos cuchillos “de gran tamaño”, tipo cocinero, en una bolsa de nylon, además de un cortaplumas de color gris. Se sentó en el módulo 8 de esa aseguradora y fue atendido por una trabajadora de iniciales D. A. C. R. D. Le pidió retirar una cuota mortuoria de $ 1 millón que estaría en la cuenta de su esposa ya fallecida. Ante la negativa de la ejecutiva, extrajo las armas blancas amenazando a la mujer por más de seis horas.

Así partió el secuestro ocurrido este lunes en el sector oriente de la capital que movilizó a un amplio contingente policial, incluido francotiradores de Carabineros. Recién a las 19.50, la policía logró controlar la situación, detener al sujeto y liberar a la trabajadora.

Este martes, el imputado fue formalizado por el fiscal Metropolitano Oriente, Luis Jaramillo, por el delito de secuestro, quedando en prisión preventiva. En la audiencia, el fiscal reveló varios detalles del hecho.

El persecutor detalló que el sujeto amenazó a la mujer con un cuchillo en el cuello y otro en el tórax. Al interior de la sucursal fue un funcionario de Carabineros, el suboficial John Dagoberto Neira, quien inició las negociaciones con el imputado. El funcionario policial incluso se despojó de su arma para ganar la confianza del secuestrador y poder entablar un diálogo.

Tras la amenaza, los ejecutivos acordaron pasarle el dinero solicitado con el fin de que dejara en libertad a la víctima. Una vez que le entregaron el dinero, pidió que lo contaran frente a él. Sin embargo, decidió no dejar en libertad a la trabajadora. Ya en ese momento se había activado un intenso operativo del GOPE de Carabineros. Incluso, una psicóloga de la Dipolcar llegó hasta el lugar.

Luego pidió retirar $ 12 millones más que, según él, estaban en su cuenta. Nuevamente, los ejecutivos accedieron. El dinero llegó en una bolsa de papel y otra vez pidió que lo contaran frente a él. Solo después de eso dejó salir a la trabajadora. Según la Fiscalía, el sujeto manifestó que “se iba a matar y que saldría muerto del lugar”.

Ya con la mujer liberada, Carabineros procedió a reducir al sujeto mediante bombas de ruido con la finalidad de “inhibir el accionar del imputado”, dijo el lunes Carabineros.

A su turno, la defensora penal pública Martina Leiva señaló que el sujeto padece de una larga depresión, originada por la muerte de su esposa, en 2019.

La abogada detalló que Solís es padre de cuatro hijos y dos nietos. Reside en Conchalí y cursó su enseñanza media completa en un liceo de Recoleta. Y se encontraba cesante hace dos años. Antes de eso trabajó durante 14 años como guardia en una empresa de ropa.

Leiva insistió en que los hechos de este lunes se dieron en el marco de un cuadro de depresión severa de su defendido frente a la cual se automedicaba. Citando información familiar, la abogada dijo que su esposa se habría quitado la vida en 2019. Y recalcó que contaba con irreprochable conducta anterior: nunca había sido detenido y nunca había pisado un tribunal, dijo la defensora penal.

Según la abogada, actuó por “ira y arrebato”. Asimismo, la profesional dijo que el sujeto dejó cartas de despedida para sus hijos antes de cometer el hecho por el cual fue detenido. Esto último fue cuestionado por el fiscal, quien dijo que dichas cartas “no existen”.

La abogada aludió a información de una de sus hijas, sin embargo, el fiscal señaló que con ella no mantenía contacto hace seis años.

El sujeto ingresó este martes a cumplir la prisión preventiva al Penal Santiago 1. La jueza Andrea Osorio descartó que la depresión no tratada fuera una atenuante para cometer el secuestro. “Si cada persona que tiene un problema mental en este país cometiera un delito, todos tendrían justificación”, dijo.

También consideró que era “no menor” que el sujeto haya llegado con cuchillos a la sucursal debido a que aquello daría cuenta de una “premeditación”.

Se decretaron 90 días de investigación. Por último, la magistrada pidió que se le realicen exámenes psiquiátricos al imputado al interior de la cárcel. Gendarmería tendrá 48 horas para emanar dichos informes. Solís Castro se mantuvo custodiado en todo momento por cuatro gendarmes.