Alrededor de 83 mil personas en 657 campamentos hay en el país, según la última cifra oficial que tiene en sus manos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la que data de 2011. Pero ese antecedente será revisado, pues fue obtenido por la cartera hace siete años, periodo en que ha habido fuertes cambios en el país ligados fundamentalmente a la inmigración.
El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, sostiene que es "urgente" realizar un nuevo estudio sobre la realidad de estos lugares, pues -considera- la cantidad de personas en esa condición ha aumentado. "Dicen que es así. Y remarco la palabra 'dicen', porque no hay información suficiente y actualizada que nos permita focalizar las ayudas a esas familias", afirma. "Los campamentos eran una preocupación del ministerio durante el gobierno pasado, pero no muy relevante", dice.
Añade que aunque la organización Techo ha realizado continuos estudios sobre la materia, se requiere que la cartera posea un análisis propio que se pueda complementar.
La autoridad añade que junto a una investigación sobre estos asentamientos, se deberá caracterizar a sus habitantes en cuanto a su actividad laboral, situación educacional y económica. El objetivo -dice- es que con la información que se recabe se pueden focalizar políticas por parte del Ministerio de Desarrollo Social para mejorar la calidad de vida de esas personas a través de ayudas.
Monckeberg agrega que hay varias estrategias que se podrían aplicar para que las familias, finalmente, accedan a una vivienda. Una de ellas es levantar proyectos habitacionales, para lo que se requiere que las empresas privadas se interesen ante la escasez de terrenos para ello. Agrega que ya se reunió con el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, para determinar la cantidad de terrenos que tiene el Estado y que podría ser utilizado para este fin. A través de este mecanismo se podrían construir y entregar inmuebles sin deuda a los usuarios, aunque el beneficiario debería tener un ahorro previo. La búsqueda de predios para la construcción también se haría con la empresa EFE -que posee extensos paños a nivel nacional, muchas veces en desuso- y también se comenzará a abordar el tema con el Ejército.
Sobre la edificación de inmuebles para estas familias, el secretario de Estado advierte que "cuesta mucho encontrar empresas que quieran construir con el Fondo Solidario (subsidio a personas de menores ingresos), lo que se suma a que algunas compañías no tienen la capacidad de hacerse cargo de esas obras y las abandonan al poco tiempo". Por ello, añade que se debe incentivar a que los privados participen.
Soluciones
La organización Techo trabaja apoyando a las familias que viven en condiciones precarias. Gonzalo Rodríguez, director social de Techo, afirma que si bien el gobierno tiene un catastro, éste debe ser permanentemente actualizado, pues se necesita poseer información reciente, ya que "las personas que se van sumando a los campamentos cada año no son contabilizadas. Esto las perjudica, porque no están consideradas cuando son postuladas a tener una vivienda. No hay registro de ellas".
Añade que también se debe hacer un monitoreo de las familias a las que se les han entregado subsidios, pues muchas de estas ayudas finalmente no pueden ser usadas, pues no existe una oferta real en el mercado de casas ni departamentos para ellos, lo que -a su juicio- debe ser abordado por el Estado.
Una de las opciones bien vistas por Techo es que existan ayudas para el arriendo de propiedades, modelo más flexible que comprar de inmediato. Dice que este sistema beneficia, en especial, a los extranjeros que se movilizan por el país o a familias jóvenes que no cuentan con los recursos para adquirir un inmueble.
Rodríguez añade que también se debe aplicar un plan para que las personas que habitan en campamentos puedan acceder a servicios básicos como agua y electricidad, pues hasta ahora las entidades públicas no se involucran en entregar estos servicios, pues se trata de sitios irregulares.
