Entregar soluciones habitacionales. Esa es una de las labores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que realiza proyectos con distintos subsidios a lo largo del país.
La labor queda en manos de constructoras y/o contratistas de programas de construcción y mejoramiento de viviendas, siempre a través de licitaciones. Sin embargo, las empresas no siempre cumplen.
Según información solicitada por La Tercera al ministerio, durante los últimos cinco años se han registrado 100 sanciones para un total de 88 constructoras.
Desde el Minvu explicaron que todas las sanciones fueron aplicadas por uno o dos motivos en un mismo proyecto, por eso la diferencia entre la cantidad de casos y la de empresas.
Los principales motivos por los que han sido sancionadas las empresas son atrasos en las obras (43%), temas administrativos (21%) y defectos constructivos (15%) (ver infografía).
Los defectos tienen relación, por ejemplo, con filtración en instalaciones, impermeabilización de muros o techumbre, fisuras o grietas de elementos estructurales. Si son detectadas durante la obra, se abordan a través de las observaciones de la inspección técnica, debiendo ser solucionadas por la empresa. Otra forma es abordar el problema en la posventa.
Disminución
Una vez que una constructora se gana un proyecto, se le asigna un inspector de obra, que tiene la obligación de ir al menos una vez al mes a la construcción.
Según la estadística de los últimos cinco años, las sanciones han disminuido. Si en 2014 se registraron 34, en 2018 fueron nueve.
Erwin Navarrete, jefe de la división técnica del Minvu, explicó que desde junio del año pasado comenzó a funcionar el observatorio de proveedores online, "en donde uno ve el comportamiento de la empresa en su historial, desde que ingresó al ministerio. Además, los fiscalizadores también reportan de manera online".
De las 100 sanciones, en un 60% se suspendió a la constructora o al contratista del registro del Minvu por un periodo determinado, en un 20% se eliminaron del registro, en un 11% se le aplicó sanción en otros registros, al 6% se le rebajó de categoría, entre otros.
"La alianza público-privada también implica ser responsables en la ejecución de proyectos habitacionales en su conjunto", expresó el ministro de la cartera, Cristián Monckeberg.
El problema, en todo caso, no es solo de las empresas sancionadas. Producto de malos trabajos entre 2012 y 2017, en promedio, el Minvu tuvo que pagar un sobrecosto de 2,1 millones UF ($ 57 mil millones) al año. En 2018 esta cifra fue de 990 mil UF ($ 27 mil millones).
