En la actualidad, según cifras del Tribunal Constitucional (TC), cerca de 670 causas judiciales se encuentran suspendidas por decisión del organismo. Ello, a partir de la presentación de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que para ser revisadas son detenidas. Sin embargo, los varios meses que tarda el TC en emitir la sentencia, y por ende reactivar la investigación, han despertado diversas críticas dentro del ambiente judicial.

El ministro y vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, analizó con La Tercera este tema, el cual consideró no es responsabilidad del TC, sino de la carga que padece el organismo. En este sentido, reiteró los dichos del presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, quien durante el inicio del año judicial, en marzo pasado, pidió que se busque la vía institucional para resolver este tema.

¿Cuánto afecta en el funcionamiento del Poder Judicial la suspensión de causas por el TC?

Sabemos que existe el derecho a acudir al TC y a pedirle pronunciamientos de inaplicabilidad. Como tal derecho, somos respetuosos de su ejercicio y, todavía más en lo personal, creo que es bueno que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Ahora, en la práctica, el resultado de la suspensión tiene algunas características lamentables. Por ejemplo, la suspensión muchas veces se extiende mucho más tiempo del que uno quisiera pensar que fuera prudente, lo cual no es culpa del TC, sino del recargo de trabajo y de los mecanismos que no permiten salir antes las resoluciones. En muchos tribunales se están produciendo malos resultados respecto de muchas causas. Por eso parece bueno recordar lo que planteaba el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en su discurso en marzo pasado: hay que buscar la vía institucional para solucionar este problema. A veces pesa mucho que la suspensión esté sobre los seis u ocho meses, en causas donde los ajusticiables desean que avancen, aunque uno de ellos haya causado el entorpecimiento o la interrupción. Parece que el interés del Estado es que las causas se resuelvan prontamente. En ese sentido, instaría a que tengamos esa solución institucional que permita salir de esto lo antes posible.

Es decir, se requiere una reforma al TC.

Este aspecto de procedimiento debería reformarse legalmente o buscar algún mecanismo. No sé si es posible limitar estas suspensiones en su tiempo o en el ámbito, de manera tal que no se paralicen las actuaciones de los distintos procedimientos.

Esta semana, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, pidió al TC que se les dé prioridad a algunas causas de alto impacto público, como por ejemplo la investigación contra el Ejército. ¿Le parece que el tribunal debería adelantar la revisión de causas de alto impacto público?

Habría que estudiar si es posible alterar el orden dentro de la vista de las causas del tribunal, y si así fuera, a lo mejor que se emita un autoacordado del tribunal fijando algunos parámetros fundamentales. Esto podría facilitar por lo menos que algunas causas de gran connotación e importancia podrían verse con anterioridad. Pero es un tema interno y absolutamente autónomo del tribunal. Pero podría ser más expedito que una reforma legal, porque esta tiene su tramitación pausada por más urgencia que se le coloque. Va a existir allí la tendencia de una mirada más general del TC, como siempre sucede con las reformas que se plantean a cualquier institución. En tanto, un autoacordado, si estuviera dentro de los límites legales, podría facilitar que en ciertos casos se acelere la vista de alguna causa.