Un total de 471 personas fallecieron el año pasado en accidentes de tránsito ligados al exceso de velocidad, según la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset). La cifra, que equivale a 86 víctimas más que en 2018, toma relevancia en medio de la polémica generada por la ocurrencia de carreras clandestinas en la Costanera Norte, lo que llevó a la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados a legislar sobre esta materia.
Por ello, hoy está previsto que se vote el proyecto de ley que envió el Ejecutivo el año pasado, que establece penas de cárcel (de 61 a 540 días) a quienes participen en estas competencias, multas de hasta $ 510 mil y suspensión de la licencia de conducir por un año.
Los diputados acordaron la semana pasada, además, incorporar en la iniciativa una moción presentada por la diputada Jenny Álvarez (PS) en 2015, donde se plantea que el exceso de velocidad sea considerado un agravante en caso de que un conductor, en un atropello, lesione o cause la muerte a una persona. Así, en el caso de que alguien provoque un fallecimiento por esta conducta, la pena máxima estipulada podría llegar a diez años de presidio, además de una multa de casi $ 1 millón y la prohibición de conducir vehículos motorizados.
Al respecto, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, añadió que el 30% de los fallecidos por accidentes de tránsito, a nivel nacional, se producen por imprudencia y alta velocidad, por lo que “urge tener normas más estrictas para corregir las conductas”.
En este contexto, las organizaciones de seguridad vial piden apurar la tramitación de la normativa. Axel Rimbaud, dirigente del Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal, señala que, hasta ahora, conducir a alta velocidad es considerado “una infracción de tránsito que, a nuestro juicio, tiene sanciones muy bajas, pero con esta nueva ley se establecerán penas durísimas, para lograr un cambio de conciencia”. Y añade que la pena por exceso de velocidad será similar a manejar en estado de ebriedad.
Johanna Vollrath, secretaria ejecutiva de la Conaset, dice que se debe generar un cambio cultural en las personas, y que “para eso resulta clave la gestión de la velocidad, como por ejemplo, a través del proyecto de ley en el Senado que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), que permitirá controlar el cumplimiento de los límites”. Vollrath agregó que “el objetivo principal del CATI -red de monitoreo de la velocidad en las calles- es salvar vidas, no infraccionar ni recaudar fondos”.
