“Lo que tenemos que esperar es lo que decida la Corte de Apelaciones. Eso es lo único que yo voy a decir”, expresó en un escueto diálogo con la prensa el abogado Luis Hermosilla, el pasado 20 de marzo, luego de 205 días recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras su formalización en el caso Audio.

Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará los recursos que la Fiscalía Metropolitana Oriente y querellantes presentaron ante la decisión del 4° Juzgado de Garantía de Santiago que pasado sustituyó por arresto domiciliario total la prisión preventiva que cumplió el abogado desde el 27 de agosto de 2024.

Por decisión de la jueza Andrea Díaz-Muñoz Bagolini, el exasesor del Ministerio del Interior retornó a su residencia en Vitacura hace 11 días y quedó impedido de salir del país y con prohibición de comunicarse con los coimputados de la causa.

La apelación a esa resolución será revisada en la Primera Sala del tribunal de alzada capitalino, integrada por el ministro Guillermo de la Barra Dunner, el ministro subrogante Fernando Antonio Valderrama Martínez y el abogado integrante Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

“Juan Pablo Hermosilla dice que no le sorprendería un resultado desfavorable”

“La Corte en general ha estado revocando estas cosas así que no me sorprendería si es que lo hacen”, manifestó la mañana de este lunes, en la antesala de la audiencia, el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano del penalista imputado.

En su recurso, el Ministerio Público insiste en que el abogado “es un peligro” y recalcó que “se investigan delitos de la máxima gravedad” que serían responsabilidad del imputado.

También apeló el Consejo de Defensa del Estado (CDE), asegurando que la resolución de la jueza Díaz-Muñoz fue “insuficientemente fundada y se aleja del mérito del proceso”.

También recurrieron a la Corte de Apelaciones los diputados del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, como querellantes, buscando que Luis Hermosilla regrese a la cárcel. Manouchehri aseguró que “su libertad pone en riesgo a la ciudadanía, a la investigación y normaliza la impunidad”.