Bank of America Corp. es el último banco extranjero en comprometer su futuro a largo plazo con el Reino Unido, incluso mientras el país se prepara para el Brexit.

El banco estadounidense extendió el contrato de arrendamiento de su sede en Londres por 10 años hasta el año 2032, según un vocero. La fecha es muy posterior a la partida planificada del Reino Unido de la Unión Europea.

El Bank of America Merrill Lynch Financial Centre en 2 King Edward Street en la ciudad de Londres, que tiene aproximadamente 54.300 metros cuadrados de espacio para oficinas, es de propiedad del fondo soberano de riqueza de Noruega. Una portavoz del fondo de riqueza declinó comentar al respecto.

Las especulaciones de que la votación del Brexit impulsaría a las compañías financieras a trasladar a un gran número de trabajadores desde Londres aún no se han concretado. Los bancos, incluidos Wells Fargo & Co., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. y Deutsche Bank AG, han comprado o alquilado edificios en Londres desde la votación.

"El gran comodín es qué sucederá con el Brexit", dijo el máximo ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, durante una entrevista con Bloomberg TV en diciembre. "Creo que es negativo, pero no creo que sea un gran negativo".

Otra compañía estadounidense, Northern Trust Corp., está buscando una nueva sede en Londres para después de que su actual alquiler expire en 2022, dijeron dos personas con conocimiento de los planes. El administrador de activos contrató a CBRE Group Inc. para que elabore una lista de opciones si decide abandonar su edificio actual en el distrito de Canary Wharf, dijeron las personas, quienes solicitaron no ser identificadas porque los planes son privados.

"Hemos contratado a CBRE en un esfuerzo de planificación para determinar la mejor manera de maximizar nuestros requisitos de espacio", dijo la vocera Camilla Greene en un correo electrónico. Londres continuará siendo la sede regional de la compañía para Europa, Medio Oriente y Africa, dijo.

El Reino Unido debe abandonar la Unión Europea en marzo de 2019. El gobierno está negociando un período de transición que entrará en vigencia después de esta fecha para garantizar que las empresas no enfrenten un cambio repentino en las reglamentaciones.