Poco queda en términos económicos del país que votó No hace exactas tres décadas. Por esos años el tamaño de nuestra economía estaba en la medianía de la tabla en Sudamérica, al igual que nuestro PIB per cápita. La pobreza se empinaba en cerca de 70% y la inflación anual de dos dígitos aún era la norma.
Hoy, 30 años después, nadie puede negar que el país es otro. Chile tiene el mayor PIB per cápita del subcontinente (se multiplicó por cinco), la pobreza es menor al 10% y la inflación salió hace rato de los principales titulares. Pero el camino no era obvio, y no eran pocos los que temían un retroceso tras la victoria del No en 1988.
Sin embargo, las bases para el desarrollo económico de las últimas tres décadas, que se iniciaron años antes del plebiscito, en vez de eliminarse, se consolidaron en los años siguientes de democracia, gracias a la mantención de estos pilares, en lo fiscal, monetario y en su carácter pro mercado.
En términos macroeconómicos, uno de los primeros pilares que se necesitaba era una política fiscal disciplinada. Ese ítem se venía acentuando años antes. Ya luego de la crisis de 1982-1983, el régimen militar comenzó un importante ajuste fiscal. De hecho, el gasto del gobierno como porcentaje del PIB pasó de 32,7% en 1985 a 22,4% en 1990, proceso liderado desde Hacienda por Hernán Büchi. Esto se fortaleció durante las últimas décadas, lo que se consolidaría a inicios de los 2000, cuando Nicolás Eyzaguirre y Mario Marcel crearon la regla fiscal, la que luego tuvo carácter de ley en 2006.
A esto se sumó otra reformas clave en materia de institucionalidad: la autonomía del Banco Central, fijada por ley en octubre de 1989.
Con la sombra de la hiperinflación de principios de los 70, y las altas tasas registradas en la década siguiente, la lucha contra la inflación era un tema central en el debate. En ese contexto, el BC inició en 1990 la aplicación de un sistema parcial de metas de inflación, el que se profundizó en 1999 con la flotación cambiaria y se pasó completamente a un marco basado en metas.
Ese esquema tuvo éxito gracias a que la política monetaria no debía preocuparse de las necesidades de financiamiento fiscal, ni de realizar rescates al sector privado.
En materia impositiva, en 1984 se realizó una reforma tributaria que incentivó el ahorro privado y la inversión. Ambos elementos habrían impulsado el crecimiento en los años siguientes.
Con la llegada de la democracia todas estas bases no cambiaron, pero sí se comenzó a sumar una dimensión más social. Ya en 1990 se realizó una nueva reforma tributaria, para financiar un mayor gasto social en áreas como salud y educación, el que consideró incrementos del IVA y del impuesto a las empresas. Sin embargo, esta reforma no tuvo efectos contractivos sobre la actividad. De hecho, tras una desaceleración en 1990, explicada principalmente por la incertidumbre sobre si se continuaría con las políticas pro mercado, el PIB creció a un ritmo de 9% en los tres años siguientes, con la inversión aumentando a dos dígitos.
Así, la década del 90, hasta la crisis asiática, fue considerada una época dorada para la economía del país, permitiendo que se dieran los saltos en bienestar que aún continúan.
Pobreza
Una de las variables clave en el desarrollo es la evolución de la pobreza, y es uno de los puntos donde más resalta el éxito del modelo chileno.
Midiendo con la metodología actual, la tasa de pobreza en 1990 era de 68%. En cambio, según la Casen 2017, la pobreza el año pasado llegó a 8,6%, mientras la pobreza extrema llegó sólo a 2,3%.
Protagonistas
Si en algo coinciden quienes ocuparon posiciones de liderazgo en esa época, fue que hubo sucesos en la escena mundial que el nuevo gobierno democrático no podía desconocer a la hora de definir rumbos y es que todas las transiciones de Sudamérica estaban sucumbiendo. "En Argentina, Alfonsín debió abandonar el poder antes de finalizar su mandato en medio de una grave crisis económica. En Brasil, el primer presidente civil experimentó hiperinflación (…) y en Perú, Alan García, terminaba en 1990 en medio de hiperinflación, crisis económica y violencia terrorista", recalca el ex director de Presupuestos y ex ministro de Educación, José Pablo Arellano.
A lo que el exministro de Hacienda e historiador Rolf Lüders añade: "La caída del muro de Berlín, que se produjo sólo días antes de la elección de Aylwin en 1989, fue interpretada ampliamente -y con razón- como el fracaso del sistema económico centralizado. Bajo esas circunstancias, y para todos los efectos prácticos, lo que cabía hacer era perfeccionar el sistema heredado, y eso es lo que hizo la Concertación".
Esta alianza, recuerda el exvicepresidente del BC, Manuel Marfán, llegó al poder con un manifiesto (1988) claro firmado por 12 economistas bajo el alero de Cieplan, que en palabras simples se comprometía con un programa que hizo todo lo que en estos 30 años se ha visto: inserción mundial, equilibrios macroeconómicos y sociales, entre otros. "Entre las medidas de quiebre estaba el disminuir las desigualdades, y entre las de continuidad la de renunciar a la expropiación de empresas. Bajo las condiciones de 1988, yo volvería a firmar ese manifiesto", acota.
Continuidad y cambio, como lo reconoce Lüders: "Soy de los que opino que la Concertación no sólo administró el sistema, sino que lo perfeccionó en forma muy significativa. La reducción de la inflación y el manejo macro-económico en general, la rebaja arancelaria, la apertura a los flujos de capitales, ciertas reformas al sistema tributario, algunas reformas al sistema de pensiones, la implementación del sistema de concesiones, e incluso el CAE (una manera de facilitar el acceso a la educación de las personas de menores ingresos), entre otras acciones, terminaron por transformar nuestra economía en una moderna economía social de mercado", acotó.