Un brusco descenso registró Chile en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, por lo que salió de los 10 primeros lugares del listado, lo que se debió, principalmente, a la mayor percepción de corrupción a nivel gubernamental, entre otros motivos, como retrocesos en las libertades del trabajo, disciplina fiscal, y algún grado de preocupación en relación a la efectividad del sistema judicial.
Según la versión 2018 del informe, realizado con información disponible hasta mediados de 2017, el país se ubicó en la posición número 20, lo que se compara con el décimo puesto logrado el año previo. Este es el mayor declive desde que el ranking comenzó a publicarse en 2008 y la primera vez desde 2011 que Chile no está dentro del top 10.
En el documento, Heritage indica que "la Presidenta Michelle Bachelet, se ha alejado de las políticas más moderadas de su primer gobierno, durante el cual apoyaba a las instituciones favorables a la libertad económica", aunque subraya que "Chile presenta sólidos fundamentos económicos que respaldan las perspectivas de crecimiento a mediano plazo".
De hecho, a pesar de esta caída, el país sigue siendo líder en América Latina, ubicación que ha ostentado de manera ininterrumpida por los últimos 18 años.
En cuanto al puntaje, el mercado local alcanzó 75,2 puntos, su nivel más bajo desde 2001. La disminución de 1,3 unidades frente al resultado anterior representa el retroceso más pronunciado desde 2003, cuando el país perdió 1,8 punto.
El índice analiza 12 factores agrupados en cuatro pilares: Estado de derecho, Tamaño del gobierno, Eficiencia regulatoria y Apertura de los mercados (ver infografía).
Mayor deterioro
El componente que más influyó en el menor puntaje nacional fue el de integridad gubernamental, que anotó un desplome de 9,3 puntos hasta 61,2. Según el reporte, Chile sigue siendo uno de los países menos corruptos de Sudamérica, pero "los escándalos de financiamiento de la política han sacudido la confianza pública" y podrían haber afectado la percepción de corrupción.
James M. Roberts, investigador de libertad económica y crecimiento de la Fundación y uno de los editores del estudio, acotó que la baja en este elemento "explicaría más de la mitad de la caída" en el puntaje total doméstico.
Otro factor que mostró un empeoramiento fue el de salud fiscal, que descendió 4,4 unidades hasta 91,7. Este subíndice considera el déficit fiscal y la deuda pública como porcentaje del PIB, que han mostrado un deterioro en los últimos años.
El tercer componente que arrastró la puntuación local fue el de libertad laboral, que cedió 3,9 puntos hasta 60,4. Libertad y Desarrollo, que patrocina el análisis nacional, precisó que esta categoría mide, entre otros aspectos, la flexibilidad laboral y el valor del salario mínimo en relación a las demás remuneraciones de la economía.
Por el otro lado, los elementos que evidenciaron los repuntes más notorios fueron libertad de comercio (+2,3 puntos), carga fiscal (+0,4) y libertad monetaria (+0,2).
En relación a la libertad monetaria, la Fundación destacó que la construcción de una nueva planta solar no subsidiada "reducirá el ya bajo costo de la electricidad".
Al analizar los pro y los contras de Chile, Roberts subrayó que el país continúa siendo un ejemplo para el resto de la región. "Admiramos a Chile por el gran éxito que el país ha tenido en las últimas décadas y el liderazgo que Chile ha mostrado al resto de América Latina", manifestó.
Reacciones
Al respecto, el economista y ex gerente de Estudios del Banco Central, Felipe Morandé, sostuvo que "sin duda que ha habido un retroceso en el país en este sentido, y no solo en relación a las reformas instauradas en el actual gobierno, sino que en el entrampamiento de grandes proyectos de inversión, debido a regulaciones arbitrarias, regulaciones ambientales y judicialización".
En este sentido, añade que "lo mismo ha ocurrido en el sector inmobiliario, donde también hay menos certeza con los permisos de edificación".
En cuanto a la política fiscal, sostiene que es evidente que "la disciplina fiscal se ha deteriorado", subrayando una "expansión del gasto muy significativo".
También señaló que "el nuevo código laboral le quita peso a quienes no están sindicalizados", lo que se suma a los efectos negativos en el indicador.
Por su parte, el economista asociado a Security, Aldo Lema, afirmó que "los retrocesos absolutos de Chile pasan por las percepciones de menor respeto a los derechos de propiedad y deterioro en ciertas políticas públicas, como la fiscal y la laboral. Más preocupante que la variación de un año puntual, es la tendencia observada en el último cuatrienio, ya que se suman las peores percepciones en términos de corrupción y eficacia judicial".
Sin embargo para Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, "hay que recordar que este indicador es preparado por una fundación con una clara tendencia de derecha, por lo que todo lo que implica menos regulación es mejor para ellos".
Por ese motivo, apunta que "la reforma laboral sí pudo rigidizar el mercado, pero el índice no toma en cuenta si es más equitativo".
En esta línea, señala que "no sorprende el retroceso, más extraño hubiese sido un aumento. Además la caída suena como muy grande, pero estamos en los niveles de Estados Unidos y Canadá y eso no es para nada malo".
