Comisión tributaria de la CPC propone creación del 'Defensor del Contribuyente'

Agitados han sido los últimos días en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), luego de la salida de su presidente, Alfredo Moreno, para integrar el futuro gabinete. Además de discutir sobre cómo se realizará la sucesión de su ahora ex timonel, el gremio empresarial está afinando los últimos detalles de la propuesta tributaria que entregará a la nueva administración.

En este sentido, según lo confirma el propio titular interino de la CPC, Manuel Melero, el comité ejecutivo ya recibió el documento elaborado por el comité tributario de la multigremial, liderado por la abogada Soledad Recabarren, en el que se considera, entre varias otras medidas, la idea de la creación de una "Defensoría del Contribuyente", con el objetivo de proteger los derechos de quienes pagan impuestos.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la propuesta, se trataría de un organismo autónomo, al estilo del Banco Central o Sernac, que permita defender a quienes no tienen acceso a grandes bufetes de abogados, en alguno de los tantos litigios tributarios que se generan diariamente.

"En nuestro país solo obligamos a los contribuyentes, pero nadie defiende sus derechos como contraparte del Servicio de Impuestos Internos (SII)", sostienen fuentes del grupo creador de esta idea.

Asimismo, explican que no sería para nada algo nuevo, ya que existen instituciones de este tipo en Perú, Colombia y México, reconociendo que se vieron esos modelos para el planteamiento.

Aún así, desde la cúpula empresarial confirman que les parece una "muy buena idea", comprendiendo las dificultades que podría implicar por el tema recursos, pero que "con voluntad política se podría realizar perfectamente en beneficio de los más vulnerables en estas materias".

Se espera que las ramas de la CPC validen el borrador entregado por la comisión a comienzos de marzo, para en ese mismo mes entregar la propuesta oficialmente al Presidente Piñera.

Entre los expertos, la idea generó posiciones distintas sobre la necesidad de este organismo.

Según, Javier Jaque, socio de Consultaría Tributaria de EY, esto sería algo "absolutamente necesario".

"Los grandes contribuyentes siempre han tenido acceso a una defensa adecuada en procesos ante el SII, pero los mediano y pequeños se enfrentan a normas que no entienden, y no pueden hacer valer sus derechos", indica.

Jaque añade que "donde existe más falta de equidad es en los segmentos más pequeños, es algo que existe en todos los otros ámbitos del derecho, menos el tributario".

Misma visión tiene Juan Marín, socio Tax & Legal de Kreston MCA. "Es una muy buena proposición, en consideración a que actualmente el SII es un organismo fiscalizador omnipotente frente a los contribuyentes, y sobre todo los más desprotegidos contra esta institución, son las Pymes y pequeños contribuyentes, que no disponen de recursos para contar con una asesoría tributaria y legal para defenderse en un proceso de fiscalización", puntualiza.

Sin embargo, el abogado Diego Berríos, Socio Director de IUS Abogado Tributario, advierte que "no es bueno crear este organismo para nuestro sistema", ya que a su juicio, si bien "es cierto que es complejo para los contribuyentes que se ven involucrados en conflictos con el SII lograr una defensa adecuada, pero los mecanismos existen, están en la ley, e incluso los propios contribuyentes pueden asumir su defensa en determinadas circunstancias, atendidos los montos involucrados".

Además de esa iniciativa, el documento de la comisión incluye la posibilidad de reabrir el beneficio del pago del Impuesto Sustitutivo al FUT (ISFUT), que fue parte de la reforma tributaria y que permitió la recaudación de más de US$ 2 mil millones.

De acuerdo con el texto elaborado por la comisión de la CPC, esta es una idea en la que "no hay ningún perjuicio", porque "todos ganan, y hay muchas personas que en su momento quisieron pagar y no alcanzaron".

En tanto, en cuanto a la simplificación tributaria, proponen volver a la integración del sistema (terminando con el régimen atribuido), y reducir la tasa impositiva corporativa gradualmente en dos años, pasando de 27% a 26% y de 26% a 25% al segundo año.

Asimismo, descartaron la opción de una nueva repatriación de capitales, ya que por norma OCDE, no se permiten amnistías de este tipo en tiempos muy cercanos.