Esta semana AFP Planvital, ganadora de las dos últimas licitaciones de afiliados entrantes al sistema, anunció un alza de sus comisiones a casi el triple del valor actual, pasando de 0,41% de la renta imponible a 1,16%. Crítico de esta decisión, el economista y ex superintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, cree que esto "sólo demuestra la necesidad de tener un mecanismo distinto de fijación de precios, como lo es la licitación".
"En ninguna industria competitiva se podría haber hecho lo que hizo Planvital (...) de subir un 180% el precio de la noche a la mañana", dice categórico. A su juicio, esto evidencia la necesidad de "generar suficiente tensión competitiva para que los precios emulen una situación de competencia y para ello se requiere un subconjunto relevante del universo de afiliados", dice. Es decir, ampliar el proceso más allá de sólo los nuevos afiliados.
¿Por qué esa idea no ha tomado mayor fuerza?
En 2008, el argumento que se dio desde la Asociación de AFP y la oposición de entonces fue que había un atentado contra el derecho de propiedad, porque supuestamente las AFP tendrían una suerte de derecho en la materia. Pero lo sucedido muestra que este argumento es bien débil, porque el afiliado es el dueño de su plata y su información y, por tanto, la AFP no tiene ningún derecho en particular respecto de esas personas. Eso es algo que se puede volver a discutir y si uno repotencia la licitación, puede emular una competencia más perfecta.
¿En qué pie quedan los afiliados?
Uno esperaría que en cualquier industria en que se sube el precio 180%, el consumidor reaccione y deje de consumir ese servicio. El punto es que esta es una industria especial, donde existe mucha inercia en las decisiones de las personas. No obstante, las personas no están desprotegidas, porque tienen libertad de moverse, en la práctica lo que va a ocurrir probablemente, es que muy poca gente se va a cambiar, a pesar de que les hayan subido el precio en esta magnitud. Esta no es una industria común y corriente, hay que cuidarla y mirarla con mucha atención, y requiere, tanto por parte de la autoridad, como de las propias AFP, un tratamiento especial. No se puede tratar a un afiliado como a un cliente bancario o de fondos mutuos, que son voluntarios. Este caso muestra una falta de compresión de que efectivamente la industria requiere un tratamiento distinto (...). Hay muchas cosas que las leyes permiten y que uno tiene que utilizar con prudencia. Creo que aquí no hubo prudencia del sistema. No la hubo cuando se tiró con un precio predatorio en la licitación. No hay prudencia cuando uno deshace eso con una violencia en el cambio de precios que es brutal. Entonces me parece que no hay algo que de lo que se pueda decir que estuvo bien hecho.
¿Tiene algún rol que cumplir la autoridad?
La superintendencia debiera informar a los afiliados que esto va a pasar y que tienen la alternativa de cambiarse, que el cambio es fácil, y hacerlo de una manera que sea efectiva. Es importante que la gente esté enterada y si está satisfecha con lo que están recibiendo, se quedarán ahí, pero si no, una buena alternativa es que se cambie, sobre todo porque desde la perspectiva más sustantiva de rentabilidad, las diferencias no son abrumadoras entre AFP.
¿Se debería convocar a una nueva licitación?
Una lección que se puede sacar de este caso particular es que acá la licitación que ganó Planvital fue claramente oportunista, porque como ellos mismos dicen, el precio por el cual ellos ganaron era inviable de sostener en el tiempo (...) Uno no quiere que los precios estén bajando 70% y después subiendo 180% (…). Lo razonable sería que Modelo comience a recibir a esos nuevos afiliados y que el proceso de licitación se haga después de eso.
