Una semana muy intensa ha tenido la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos. El martes, dos días después de asumir el cargo, anunció que el Presidente Piñera nombró a Hernán Brücher como director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el miércoles, el mismo día en que se iniciaba la conciliación convocada para el proyecto Dominga, informó que el gobierno no participaría en ella. Según Cubillos, no acudir a la conciliación es decirle al tribunal que el proceso siga el curso y falle. Esto, a su juicio, por dos razones: "Tanto por la naturaleza (del proceso) como porque además creemos que una de las misiones fundamentales del gobierno es fortalecer la institucionalidad tanto de tribunales como de las instituciones ambientales", asegura.
¿No evaluaron la opción de ir a la conciliación sólo a escuchar la propuesta del tribunal?
Es que acá no hay término medio. Si vas a escuchar las bases de la conciliación, es que ingresaste a la conciliación. De hecho la audiencia de la tarde era la primera del proceso de conciliación. Si nosotros lo anunciamos antes, era básicamente con el objeto de precaver eventuales inhabilidades del tribunal. Los jueces sólo pueden adelantar opiniones en el marco de la conciliación. Si no hay conciliación, todas esas opiniones que adelantan pueden ser causal de inhabilidad para ellos en el resto del proceso.
Entonces, lo que viene ahora es que el tribunal falle respecto del fondo.
Claro. Siempre es ese el camino, salvo casos muy excepcionales de otras materias, el camino es que el tribunal falle el asunto sometido a su decisión. Nosotros no discutimos las facultades que puedan tener los tribunales de justicia, de hecho la conciliación existe en muchas materias y en distintos tipos de competencias. No obstante nosotros creemos que dada la naturaleza de lo que aquí está siendo discutido, que es la legalidad del acto del Comité de Ministros del gobierno anterior, creemos que da más certeza jurídica que el caos termine por un fallo del tribunal y no por una conciliación entre las partes.
¿Se conversó esta decisión con el nuevo director del Servicio de Evaluación Ambiental?
Son cosas diferentes. El Comité de Ministros es quien es parte de este juicio. La presidencia del Comité de Ministros la tiene la ministra de Medio Ambiente, y lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental es la secretaría técnica del CDM y a través del cual se actúa en el tribunal. Está recién asumiendo hoy día. De hecho, quien presentó el escrito es una abogada que tenía poder en la causa.
¿Cuál es la señal?
El nombramiento para nosotros es importante porque da una señal muy relevante. Acá teníamos un director subrogante desde hace 11 meses. A mí me dicen "ustedes cambiaron director del SEA" y no, nosotros nombramos al director del SEA. Entonces, que el presidente Piñera haya elegido entre los 12 servicios prioritarios el SEA, demuestra lo que va a ser su compromiso con la evaluación ambiental y con un organismo que necesitaba con urgencia un director titular con liderazgo y habilidades técnicas para sacar adelante esta tarea.
El rol que cumple el Comité de Ministros es visto como discrecional. ¿Lo cree así?
El proceso de evaluación ambiental tiene tres aristas: una técnica, preponderante; una arista de participación ciudadana y también una arista política. Porque evidentemente pueden haber proyectos de inversión técnicamente perfectos pero políticamente inviables o que no se haya cumplido con las políticas de participación ciudadana, por eso es que es tan complejo armonizar estas tres variables. Nosotros creemos que hay que hacer dos cosas: por un lado, el presidente me ha encargado analizar la posibilidad de cambios legales al proyecto de evaluación ambiental y por otro, velar porque las decisiones que se tomen en el comité de ministros sean técnicamente fundadas y con total transparencia.