Uno de los casos más polémicos en los últimos años en el mercado financiero chileno poco a poco comienza a desenredarse. Se trata del caso Cascadas, que tendrá en marzo un mes clave con importantes definiciones que se darán tanto en la arista penal como en el Tribunal Constitucional (TC).

Por un lado, el viernes de la próxima semana se iniciará en el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago el juicio oral en contra de Aldo Motta, ex gerente general de las sociedades cascadas con las cuales Julio Ponce Lerou controla a SQM. Tras varios años de investigación del caso, se le acusa a Motta de la falsificación de las actas de los directorios de las sociedades Pampa Calichera y Oro Blanco, así como de algunas operaciones cuestionadas en el caso.

El tribunal ya se ha juntado con las partes para ir definiendo algunos temas del juicio que durará aproximadamente seis meses.

Las jornadas de audiencias se proyectan extensas, ya que se espera que sean cerca de 80 los testigos que declaren en el caso. Entre ellos estarán altos ejecutivos del mercado financiero como Leonidas Vial y Pablo Echeverría, así como los superintendentes de Valores de todo el proceso, Carlos Pavez y Fernando Coloma.

Claro que toda la atención la tendrá Julio Ponce Lerou, quien fue citado en su calidad de controlador de las sociedades Inversiones SQ S.A. e Inversiones SQYA y como controlador de Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos y Potasios. Su declaración, dice el escrito del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, será "sobre las políticas de inversión y de endeudamiento de las empresas antes señaladas y su relación con la empresa Soquimich S.A.; sobre la designación del acusado Aldo Motta Camp como gerente general de sus sociedades anónimas cerradas y como gerente general de las Sociedades Cascadas y su relación con él". Se agrega también que deberá responder las preguntas sobre las operaciones que detonaron el caso.

Eso sí, aún no está definido en qué fecha Ponce tendrá que sentarse ante los jueces y querellantes.

Considerando el interés que hay en el caso, está previsto que al menos la primera y última audiencia serán televisadas.

Entre los querellantes del caso está la sensación de que un fallo sancionatorio contra Motta abre la puerta para que se inicie un proceso contra el propio Ponce.

En la arista penal, se conoció hace unos días que el Ministerio Público decidió no perseverar en la causa contra los ejecutivos de LarrainVial Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, además del ex representante de la entonces Linzor, Canio Corbo.

El próximo fallo en el TC

El Tribunal Constitucional ha sido un nuevo escenario para el caso. Ha sido en los últimos años que los sancionados por la ex Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por participar en el llamado "esquema", han recurrido a la instancia para que se les rebaje las multas.

En este escenario Roberto Guzmán Lyon fue el primero, obteniendo un buen resultado, abriendo el camino para los otros. En noviembre del año pasado fue el turno de un fallo a favor para Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz.

Cercanos al TC indican que este mes se debería conocer quizás el fallo más relevante, en el cual se sabrá si se accede a rebajar la multa de US$ 76,4 millones que el regulador aplicó a Julio Ponce. Conocedores del caso aseguran que de no pasar nada raro la sentencia debería ser a favor del controlador de las cascadas, considerando que lo que se alega es lo mismo de los anteriores fallos y los jueces que darán la sentencia no han cambiado.