Sorpresa causó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados que analiza el caso Financoop, las declaraciones de la autoridad respecto a que anualmente las cooperativas pagan, por concepto de supervisión y fiscalización, un total de entre $ 400 millones y $ 500 millones, que van directamente al tesoro público.

La cifra fue revelada en enero por la Jefa del Departamento de Cooperativas (Decoop, entidad que hace el cobro), Natalia León, y fue complementada por la Subsecretaria de Economía, Natalia Piergentilli. "Nosotros no tenemos a nuestro haber los recursos que pagan las cooperativas y es algo que a lo mejor pudiésemos conversar para futuras leyes de presupuesto", dijo.

León añadió que tras consultas a la Dirección de Presupuestos (Dipres), "lo que le entregan a la subsecretaria de Economía es aproximadamente el 40% de ese monto. Por tanto, por concepto de fiscalización, Decoop comprenderá que es harto menos que eso", dijo. "Claramente tener menos recursos que se ingresan al tesoro público por fiscalización, no es lo óptimo. Por ende, también sería interesante poder poner eso la discusión", agregó Piergentilli.

Otro tema planteado por la autoridad fue que no existe la condición de fiscalizador para quienes ejercen esta labor en la división que se supone tiene a cargo esta tarea por Ley. "Tenemos el nombre de fiscalizador, y no necesariamente el cargo como tal y eso también genera una diferencia con otras entidades que hoy fiscalizan", indicó.

Piergentilli afirmó que "no existe planta específica de fiscalización", por lo que "si hubiese inyección de recursos, como el Decoop está dentro del paraguas de la subsecretaria, tendríamos que solicitar a la Dipres un aumento de capacidad de contrataciones".

Los detalles no pasaron inadvertidos para los parlamentarios y el diputado UDI, Jaime Bellolio, acusó cobro de "impuesto del 60% por parte del Estado". Tampoco para los afectados por el caso Financoop, entre ellos Arturo Castillo, quien acusa al Estado por no garantizar una fiscalización eficiente, establecida en la Ley de Cooperativas y por la que además cobra en virtud de un decreto supremo emitido en 2003. "Estamos hablando de que el Estado engaña a sus clientes que son las cooperativas y, a través de ellos, a todo el público. Es muy grave. El estado está estafando a la gente", señala Bellolio y agrega que "nada justifica la negligencia, de la Subsecretaría ni del Decoop, ni siquiera la falta de recursos". Pero, indica que "o el Decoop deja de supervisar a estas cooperativas y pasan a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), o se potencia al Decoop para que no pase de nuevo lo que ocurrió con Financoop". Adelanta que este tema formará parte de las conclusiones de la comisión.

Qué dice la Ley

El artículo 111 de la Ley de Cooperativas establece que el Ministerio de Economía fijará, mediante Decreto Supremo, los valores que el Decoop podrá cobrar por sus propias actuaciones de supervisión y fiscalización. Según el decreto 233 del año 2003, estas pagan dos cuotas - en enero y julio de cada año-, sobre la base del activo del año inmediatamente anterior, informado en los balances de cada cooperativa.

Ello aplica a las cooperativas de importancia económica, entre las que figuran las 38 de ahorro y créditos fiscalizadas, además de otras cooperativas importantes como Capel, Loncoleche y algunas ligadas al sector eléctrico en el sur, según detalla la gerente de la Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecrecoop), María Angélica Muñoz. Según sus datos, en conjunto éstas pagan cerca de $ 600 millones al año. Financoop, por ejemplo, pagó en 2017 unos $ 24 millones por ser supervisada.

Fecrecoop ha solicitado derogar el decreto que califican de injustificado. "No le hacemos el quite a la fiscalización, pero sí pedimos transparencia respecto de qué se hace con los dineros que nos cobran, y que no vuelve completo a la Decoop. Estamos subsidiando al Estado por una fiscalización que además es ineficiente", sostiene.

Por ello, entregaron a las distintas administraciones propuestas orientadas a profesionalizar el organismo que las fiscaliza. "Nosotros no nos podemos desarrollar y crecer, porque tenemos un fiscalizador que no tiene las competencias necesarias que requiere el mundo financiero actual", argumenta.

En su explicación ante la Cámara de Diputados, Peiergentilli precisó que lo que recibe la subsecretaría por Ley de Presupuestos corresponde a las partidas 21 y 22 del presupuesto. En 2017 estas totalizaron $10.766.093 millones para gastos de personal (remuneraciones) y, bienes y servicios de consumo, según datos de la Dipres. Sobre los montos recaudados de los pagos de las cooperativas y su destino en 2017, la subsecretaría remite al mismo organismo. Pero tras la consulta, la Dipres no entregó respuesta.

La subsecretaría afirma que el traspaso de las cuotas al tesoro público se basa en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, según el cual "Tesorería, mediante el sistema de cuenta única tributaria, registrará todos los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y demás deudores del Sector Público", y recuerda que el artículo 5 del DL 233 afirma que los pagos "serán considerados para todos los efectos como fondos propios de la Subsecretaría (...) se recaudarán por la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Economía y se depositarán en una cuenta corriente Fiscal Subsidiaria del BancoEstado".

Hoy, la DAES tiene una dotación de 31 personas, una Jefatura, dos personas en contenidos, 11 personas en el área de Oferta Pública y Fomento, y 18 personas en el área de Fiscalización y Control Legal (6 en fiscalización contable, 7 asesores legales, y 5 en registro, archivo y transparencia).

Todos, aseguran, son "especialistas según sus respectivas áreas, contables o legales". En 2017 realizaron 115 fiscalizaciones in situ. "El 65% correspondió a cooperativas y se ajustaron al plan que había sido definido para el período".