Han transcurrido 15 años desde el hallazgo de los primeros restos, pero aún no logran consolarse. Los familiares de las víctimas de Julio Pérez Silva, el llamado "Sicópata de Alto Hospicio", buscan que el caso se reabra con el fin de que se indaguen aristas que, según ellos, no fueron investigadas. Estas se vincularían con diligencias pendientes, la participación de otras personas y contradicciones que existirían en los expedientes de la causa.

El 4 de octubre de 2001, Carabineros detuvo a Julio Pérez Silva, después de que una de las jóvenes que fuera agredida por él sobreviviera al ataque. La menor, conocida como Bárbara, entregó antecedentes clave que permitieron su aprehensión en un control de tránsito. Esa misma noche, Pérez Silva confesó los homicidios de 14 mujeres y entregó detalles respecto de la ubicación de los cuerpos. Al día siguiente, se iniciaron los rastreos por la policía y equipos especializados para su localización.

Actualmente, Julio Pérez Silva se encuentra sentenciado a presidio perpetuo calificado, condena que cumple en un penal de alta seguridad en Santiago.

Juan Zumelzu, representante legal de la mayoría de las familias, explicó que esperan concretar la solicitud ante los tribunales a principios de 2017, amparándose en que se cometieron violaciones a los derechos humanos.

"En estos casos, hubo agentes del Estado que denegaron justicia a las familias de las víctimas, pues cuando desaparecieron no se investigó de manera adecuada. Les dijeron que sus hijas estaban prostituyéndose en el extranjero, que habían abandonado las casas de manera voluntaria debido a la condición social en que vivían y no se indagó la posible participación en el caso de policías, tal como plantearon los padres desde un principio", indicó.

A juicio de Zumelzu, hubo negligencias durante la indagación de los hechos. "Hemos ido recopilando la mayoría de los antecedentes, hasta de los sumarios administrativos que se hicieron en Carabineros, ya que algunos aspectos no fueron considerados por la ministra Eliana Ayala en su época. Aportaremos elementos que han faltado por mucho tiempo, y no para pedir más años de condena para el "Sicópata de Alto Hospicio", sino para lograr establecer si efectivamente actuó solo, la responsabilidad que tuvieron en los hechos quienes no fueron capaces de indagar, y si hubo protección de redes de prostitución que operaban en la zona", dijo.

Dolor eterno

Marisol Cuevas, quien perdió a su hija Sara Gómez, acusa que todavía quedan aristas que investigar. "Si bien es cierto, Julio Pérez Silva reconoció ante la magistrada que había matado a mi hija, necesito saber exactamente qué pasó. Tengo dudas de que haya actuado solo. Hubo muchos errores, un testigo clave en el caso de mi hija que a los pocos días fue hallado sin vida en un basural clandestino. Quiero que todo eso se aclare de una vez, para lograr la tranquilidad. Como familia fuimos basureados por el gobierno y las policías, y eso aún no lo superamos", dijo.

Magaly Lefno, madre de Ivonne Carrillo, otra de las jóvenes asesinadas, cree que si se reabre la investigación podrán aclararse algunas interrogantes. "Hemos estado trabajando para recopilar datos nuevos, investigamos y creemos que tenemos antecedentes serios. Hubo negligencias de parte de la justicia y por mucho que esté condenado Julio Pérez Silva, nadie podrá reparar el dolor que nos provocó", argumentó.

Su postura es compartida por Patricia Jabré, madre de Macarena Sánchez, quien dijo que "nunca se despejaron las dudas respecto de que hubiese otros involucrados en los horrendos crímenes".

Por contrapartida, a juicio del subcomisario Alberto Díaz, de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien estudió el caso durante meses e incluso recorrió los trayectos que ejecutó el asesino serial para abandonar los cuerpos de las víctimas, no hay indicios respecto de más participantes.

"Julio Pérez en sus relatos entrega muchos detalles de cómo asesinó a las víctimas e incluso recordaba en algunos casos la forma en que estaban vestidas, los trayectos que hizo y los lugares exactos en los cuales abandonó los cuerpos. Todos esos antecedentes que están en las carpetas investigativas permiten deducir que actuó solo", subrayó.

Según el oficial, la indagación se encuentra agotada. "Se abordaron diversas aristas en el caso, hay medios probatorios, por ejemplo, pruebas de ADN que ligan a Pérez Silva con las víctimas. Tenía un parámetro y un prototipo de jóvenes que buscaba atacar. La única que se sale de eso es Angélica Palape, que tenía 45 años", subrayó.

Respecto de la desaparición de Ilia Urrutia, una comerciante que vivía cerca de los padres de la pareja del condenado y quien se encuentra extraviada desde principios de 2000, las pericias policiales tampoco indicarían vínculo alguno con los homicidios de Alto Hospicio.

Otra mirada

Alejandro Espinoza, el abogado de la Fundación Amparo y Justicia, que representó en la causa judicial a un grupo de familias de las jóvenes, señaló que prácticamente es inviable una reapertura del caso.

"Desde nuestro punto de vista, la investigación judicial se agotó y el responsable está cumpliendo cadena perpetua, sin perjuicio que fallaron de manera muy grave los organismos policiales y políticos. Puede ser populista plantear una idea así, pero no es factible de concretar. Todo indicó, en la investigación, que Julio Pérez actuó solo", aseveró.