El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se abrió a acordar indemnizaciones para las familias de las víctimas del tsunami del 27/F antes de que finalice el proceso penal.

El anuncio se da luego de que el Presidente Sebastián Piñera, durante el tercer aniversario del maremoto, el miércoles pasado, señalara que las compensaciones se definirán en una mesa de trabajo que reúna al Estado y a los parientes de los fallecidos. Fueron 156 personas las que murieron en 2010 debido al maremoto que azotó a la costa chilena, por lo que se inició una investigación penal a cargo del Ministerio Público. Ayer, tras la apertura del año judicial, el presidente del CDE, Sergio Urrejola, se refirió al emplazamiento del Ejecutivo a formar una mesa de trabajo con los parientes de los fallecidos. "El consejo siempre ha trabajado cuando ha habido sentencia en primera instancia y, en estos casos, gran parte de las personas afectadas por el tsunami no la han tenido. Hay que trabajar de alguna forma para encontrar una solución", señaló.

Consultado Urrejola sobre si es importante que exista una sentencia para iniciar una mesa de conversaciones con la defensa de los fallecidos, el presidente del CDE dijo que "no" y, respecto a si se abren como organismo (representante del Fisco) a alcanzar un acuerdo antes de que se dictara una eventual sentencia dijo "sí, también".

Sobre si es viable llegar a un acuerdo según lo anunciado por el gobierno, Urrejola dijo que "siempre es posible. Si existiera una responsabilidad habría que trabajar en una solución". Agregó que "cuando el Ejecutivo nos señale en qué forma se va a trabajar, ahí vamos a ver. Todavía no hay un plan de trabajo", aseguró.

El abogado Alfredo Morgado, representante de un grupo de víctimas, sostuvo que "esto viene a reafirmar lo que ya nos había planteado el CDE cuando nos reunimos hace un tiempo. Ahora, con la decisión del gobierno de que haya una reparación a las víctimas, se confirma y esperamos que se cumpla".

Concordó con que no se requiere que haya culminado la investigación penal. "Con la cantidad de antecedentes que existen sobre la falta de servicio que tuvo el Estado a través de la Onemi y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (Shoa), que no alertaron de evacuar el borde costero, se ve que hay una responsabilidad del Estado en esta materia".

El abogado Juan Vasseur, agregó que continuará con el juicio en el Cuarto Juzgado Civil, donde representa a 70 víctimas. "Estamos en conversaciones con el CDE e hicimos presentaciones sobre una reparación. De todos modos, es positivo que se le quiera dar una solución a las víctimas", dijo.

Vasseur añadió que "la respuesta penal que se dé es independiente a la civil. Creemos que hay suficiente información para que haya que ir a la justicia civil".