"Salir de esa deuda no es fácil, pero siempre he pagado", dice, rotundo, Alvaro Vargas Salas (34), actual seremi del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en la Región de Los Ríos.

En 1997, antes de estudiar Comunicación y Multimedia, el funcionario cursó un año de Periodismo en la Universidad Austral, para lo cual solicitó un crédito del Estado, denominado Fondo Solidario. Esa es la deuda a la que hacía mención y que aún debe retribuir.

"Es en rigor poco, cerca de $ 700 mil, que ya repacté, porque en 2010 cancelé una tremenda cantidad, cuando los intereses habían elevado mi crédito a cuatro millones de pesos", agrega.

Vargas está lejos de ser un caso único. La autoridad regional es uno de los 3.533 funcionarios públicos, de 24 ministerios y órganos del Estado, que al 31 de octubre de este año aparecen en un listado de "personas morosas del Crédito Fondo Solidario" (ver infografía).

entre estos se cuentan, por ejemplo, cinco seremis, los que -de acuerdo con los sitios web de sus respectivas carteras- perciben ingresos que van desde los $ 2,8 millones hasta los $ 3,5 millones.

La información fue proporcionada a La Tercera por el Ministerio de Educación (Mineduc), por una orden dada a la cartera por el Consejo para la Transparencia.

Se obtuvo, según indicó el Mineduc, consultando a las 25 universidades tradicionales que entregan el Fondo Solidario y cruzando los datos con el listado de funcionarios publicado en las páginas gubernamentales.

De los datos totales se desprende que los morosos se concentran en tres ministerios: Salud (1.049 casos), Justicia (538) y Educación (385). A la inversa, las reparticiones donde hay menos deudores son el Consejo Nacional de Televisión (3) y la Presidencia (2).

La cifra de funcionarios de gobierno que figuran como morosos es un porcentaje minoritario de los 124 mil egresados que, a junio de 2013, registraban retrasos en sus pagos al sistema.

REPACTACION

La morosidad de los empleados públicos se produce a pesar de que, en octubre de 2012, el Mineduc inició un período de repactación para el total de deudores del sistema. Con esto se pretendía recaudar cerca de $ 500 mil millones, lo que, hipotéticamente, permitiría financiar la carrera completa de más de 52 mil estudiantes.

En enero, Educación envió una carta a los empleados fiscales, de distintas carteras, que podían repactar sus deudas, para motivarlos a reprogramar. En Educación sostuvieron que la misiva buscaba "incentivarlos a participar de la iniciativa, en su calidad de servidores públicos".

Según se informó en marzo, también a través de una solicitud de Transparencia, los funcionarios morosos ascendían, en esa fecha, a más de cuatro mil, de los cuales 1.296 reprogramaron su deuda.

LAS AUTORIDADES

El listado general de morosos incluye a cinco seremis: Medio Ambiente, secretaría general de Gobierno, Bienes Nacionales, Economía y Trabajo.

Romina Zuloaga, seremi metropolitana de Bienes Nacionales, asegura que su mención en el catastro es fruto de un error metodológico: "Yo no estoy morosa; es decir, no es que no pague, sino que tengo una cuota anual, aproximadamente de un millón y medio de pesos, que cancelo en un período que va de julio a julio. Dos veces al año me comunico directamente con el Fondo Solidario y les hago la transferencia", sostiene la abogada, egresada en 2004 de la U. Católica de Valparaíso.

Recalca que "siempre finiquito este trámite en diciembre o marzo, pero mis cuotas no están vencidas. Yo cumplo, para que otros también estudien con crédito".

Otro de los mencionados en el listado es el seremi del Trabajo de la XII Región, Víctor Haro: "Estoy en proceso de cancelación de mi deuda. De hecho, Impuestos Internos ha descontado de mi devolución el porcentaje correspondiente a dicha obligación pecuniaria".

En el registro también aparece la seremi de Minería de las regiones VI y VII, María Barrera, egresada de Ingeniería en Minas de la Usach. En esta repartición aseguraron que "la cobranza está normal. Ella ha pagado todos los años, la deuda total que le queda es de $ 342.917 y tiene plazo hasta 2017 para cancelarla".

ACTUALIZACION

El rector de la U. del Bío Bío, Héctor Gaete, quien preside  el Comité de Financiamiento del Consejo de Rectores, señala que uno de los problemas en el cobro es que las personas no actualizan sus datos de contacto. "Antes de ser puesto en una lista de morosos, se les intenta ubicar, se les envía una carta al último domicilio informado, se les llama. Se hacen todos los esfuerzos para poder invitarlos a que actualicen sus datos, para que puedan  así regularizar sus pagos", dice.

Agrega que "el diseño lógico del sistema, en términos generales, es que se pague mes a mes" y aunque el egresado puede pagar a fin de año, con cargo, va a ser notificado.  Esto, pues según Gaete, "no tenemos cómo saber si  no está pagando porque no quiere o porque lo quiere acumular". Y señala que si se quieren juntar cuotas, debe "notificarse y pactarse".

El rector sostiene que si se acumulan las cuotas, también son considerados como deudores, pues "los fondos se requieren mensualmente, porque deben colocarse en otras personas, que, a su vez, deben pagar mes a mes".

En el Mineduc destacan que quienes no paguen el Fondo, ven "retenida y abonada a su deuda" la devolución de impuesto anual. Añaden que los deudores "quedan registrados en los boletines comerciales, lo que, por ejemplo,  les impide el acceso a nuevos créditos".