"Quisimos abrir nuestros datos y observar en qué casos los fiscales piden prisión preventiva, y podemos ver que existe una relación entre la gravedad del delito y la petición de la medida cautelar". Así analizó la directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Francisca Werth, las cifras contenidas en el informe estadístico de la institución entre enero y septiembre de 2017. Según lo informado por el Ministerio Público, de un total de 26.372 casos terminados durante este periodo, en los que se aplicó la medida cautelar de prisión preventiva, en 20.134 se decretó una condena (ver infografía).
Sin embargo, de esos 20 mil solo en 13.041 se registró una condena con pena efectiva, es decir de cárcel. Eso equivale a un 49 % de los 26 mil casos terminados en algún tipo de resolución con imputados que estuvieron arrestados.
En tanto, 7.093 imputados restantes que fueron declarados culpables y estaban bajo la medida cautelar no tuvieron una pena privativa de libertad.
Werth manifestó que estas cifras demuestran que "entre las personas que estuvieron en prisión preventiva (26.372) existe una concordancia entre esa medida cautelar y el porcentaje de condena (20.134), alcanzando este el 76 % de los casos".
Señaló también que 2.619 personas que estuvieron sujetas a la medida de prisión preventiva, luego del juicio fueron absueltas.
Otro dato entregado por la Fiscalía Nacional es que durante enero y septiembre de 2016, 17.345 imputados estuvieron en arrestados, cifra que en el mismo periodo de 2017 llegó a 18.299, lo que significa un alza de un 5 % en comparación al año pasado.
Además, según las estadísticas del Ministerio Público, las 18.299 cautelares decretadas este año representan el 11,42% del total de formalizados.
Al terminar su exposición, Werth señaló que estos datos le parecían relevantes debido al "debate que ha habido en el último tiempo del uso de la prisión preventiva y de ciertas propuestas legales para limitar el tiempo en que una persona está sujeta a esta medida cautelar". Incluso, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, propuso en una entrevista en La Tercera que esa medida no se debería extender más allá de seis meses. Agregó que "nos parece importante poder mostrar datos de cómo se comporta el Ministerio Público respecto de la solicitud de la medida, respecto de qué delitos y finalmente qué relación existe respecto del uso de esa medida cautelar y la aplicación de una sentencia condenatoria y de pena efectiva".
Crítica de la Defensoría
A diferencia del análisis de la directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, el defensor nacional, Andrés Manhke, dijo que no existe una concordancia en las cifras entregadas.
"Cuando el Ministerio Público entrega su informe lo traslada a tres universos: uno sobre el total de prisiones preventivas, otro de condenados y un tercero de condenados a pena privativa de libertad, hay que hacer el link entre el último universo y el primero. Así, se llega la conclusión de que del total de imputados en prisión preventiva (26.372 personas), solo se condenó a la cárcel a 13.041 personas, lo que equivale a un 49% del total. Es decir, un 51% de los que estuvieron en prisión preventiva nunca deberían haber estado presas", explicó Manhke.
De acuerdo al abogado, "hay un uso irracional" de esa medida cautelar y "estas cifras lo demuestran completamente. Del total de personas presas en 2017, que deberían estar con todas las garantías durante la investigación, solo condenaron a una pena privativa de libertad a un 49% ¿Si no me van a meter preso luego de una sentencia condenatoria, cómo me van a meter preso mientras me están investigando? Es completamente desproporcionado y alterando las reglas de la presunción de inocencia, del debido proceso y del ejercicio del derecho a defensa".