Hoy se cumplen cuatro años del inicio de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que instauró un sistema especial para abordar el delito juvenil. Y en las conmemoraciones llegan los balances, que dan cuenta que desde el comienzo de este régimen se han registrado hasta el día de hoy 78 mil 736 ingresos.

Estos ingresos se hacen efectivos tanto como medidas cautelares y/o sanciones, constatándose que las medidas y sanciones en medio libre corresponden a un 72% del total, mientras las privativas de libertad agrupan el 28% de los casos (cerrado: 22% y semicerrado: 6%)

Respecto al tipo de delito, las categorías correspondiente a robo en sus diversas calificaciones son las más predominantes. El "robo con intimidación" tiene la mayor frecuencia (8 mil 499), seguido por el "robo con violencia" y el "robo en lugar habitado" (5 mil 346).  Los delitos de mayor gravedad, como homicidios (780) y delitos sexuales (775), representan una baja proporción del conjunto.

En tanto, hoy para conmemorar esta fecha, la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, y el director del Sename, Rolando Melo, desarrollaron una actividad en el Centro Cerrado San Joaquín, en la comuna del mismo nombre, donde algunos jóvenes que se han rehabilitado tras delinquir y ser sancionados por la ley penal juvenil, contaron sus experiencias a un grupo de muchachos que permanecen internos en el recinto.

La subsecretaria destacó la valentía y la generosidad de los jóvenes por transmitir su testimonio a otros adolescentes que se han vinculado en el mundo del delito. "Es muy estimulante escuchar de la boca de estos propios jóvenes que la rehabilitación es un camino que sí se puede recorrer, que tiene dificultades, pero que es posible. Nosotros como gobierno estamos trabajando para que cada vez más jóvenes puedan reinsertarse. Estamos orientando nuestros esfuerzos en la intervención temprana, es fundamental, ya que permite poner término a la carrera delictual" señaló.

Por su parte, el director del Sename explicó que la actual ley juvenil exige un alto nivel de especialización de todos los actores del circuito judicial, para que las sanciones apunten efectivamente a rehabilitar a los jóvenes que cometen delito. "Tenemos el deber de trabajar cada vez más coordinados, acumular más conocimiento y tener mejores prácticas, porque hay que entender que la reinserción de estos jóvenes también es una inversión social, ya que todos ganamos en seguridad", afirmó.