"No tengo ninguna rivalidad y no siento que exista ninguna". Con estas palabras, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a la resolución de la investigación administrativa en contra del persecutor jefe de la Región de O'Higgins, Emiliano Arias, por la que le fueron levantados cargos.
La indagatoria fue instruida el 22 de marzo por la máxima autoridad del Ministerio Público, luego de que los abogados de la Compañía General de Electricidad (CGE) se quejaran de ser acusados, al comienzo del caso, como los responsables por los incendios forestales que durante el verano afectaron a la VI Región. Esto, a raíz de diversas entrevistas que Arias dio a diversos medios.
El miércoles se conoció la resolución de dicha investigación, en la cual el persecutor regional de La Araucanía, Cristián Paredes, formuló tres cargos en contra del fiscal: infracción al deber de desempeñar personal y fielmente las funciones de su cargo; no obedecer las órdenes impartidas por su superior, además de faltar al deber de guardar secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su puesto.
"Cuando hay denuncias de intervinientes que afectan principios fundamentales en el desempeño de los fiscales, es necesario abrir una investigación para poder acreditar la efectividad o no de las denuncias", sostuvo Abbott.
Complementó señalando que aún falta que Arias presente sus descargos, antes de que él adopte una resolución al respecto, la cual podría ser el sobreseimiento o algunas de las sanciones que establece la ley orgánica del Ministerio Público, que incluyen amonestación, censura, multas, suspensiones y hasta remoción, la que en el caso de Arias, por ser fiscal regional, debe ser determinada por la Corte Suprema, si es que Abbott decide solicitarla.
La máxima autoridad del Ministerio Público descartó, por el momento, que sea sacado de la indagatoria en contra de la empresa CGE: "No hay ningún antecedente que pudiera permitir sacar al fiscal Arias del caso. Lo que está en juego acá es el cumplimiento o no de ciertos deberes funcionarios", declaró.
Agregó que lo que hay en este caso son "hechos simplemente objetivos. Cuando se recibe la denuncia por parte de los abogados de los imputados respecto de una eventual falta de objetividad del fiscal, se les pidió un informe para que informaran sobre la denuncia y, una vez recibido, atendido a que la explicación no era satisfactoria, se resolvió abrir la investigación administrativa".
Consultado respecto de la actitud que debieran tener los persecutores en estos casos, Abbott indicó que debían ser "objetivos" a la hora de llevar adelante sus indagatorias.
"No es posible que tengamos y nos pongamos de parte de ninguno de los intervinientes durante el proceso. Una vez que éste concluya y llegamos a la convicción de que es necesario formular una acusación, sí podemos tomar una decisión y actuar como parte", sostuvo.
La abogada defensora de Arias, Marisa Navarrete, solicitó anular los cargos acusando una serie de vicios. "Pedimos la nulidad, porque se cometieron vicios. El más relevante es que las diligencias no fueron efectuadas en su integridad por el fiscal instructor (del sumario) . La reglamentación dispone que deben ser efectuadas por él, pero la mayoría de ellas fueron realizadas por un asistente", sostuvo.
