Sebastián Pïñera
En abril de este año, más de mil expertos, profesionales y académicos, distribuidos en 20 comisiones y 60 subcomisiones, comenzaron a colaborar en el trabajo programático de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. El proceso -que incluyó encuentros ciudadanos y hasta la recepción de ideas, sugerencias, propuestas por la vía online- resultó en un programa de gobierno 2018-2021 en cuya confección, desde el punto de vista económico, participaron los ex ministros Felipe Larraín y Juan Andrés Fontaine, además del ex presidente del Banco Central Rodrigo Vergara, la subdirectora de Políticas Públicas de LyD Susana Jiménez y el socio de Econsult, José Ramón Valente.
Costo del programa
El programa de gobierno 2018-2022 contiene 745 medidas, con un costo fiscal total estimado en US$ 14.000 millones o 5,5% del PIB para todo el período presidencial. A eso, afirman en su equipo económico, se suman los US$ 381 millones anuales que costaría la gratuidad para el 90% de la educación técnico-profesional. El programa, en todo caso, aclara que la decisión de seguir con las medidas y cambios contemplados en el programa -después de una eventual segunda administración Piñera- implicará un gasto en régimen de US$ 4.800 millones adicionales, es decir, un 1,8% del PIB, para los años posteriores al 2022.
Fuentes de financiamiento
De acuerdo a los autores del programa de gobierno de Piñera, US$ 7.000 millones del programa serán financiados vía reasignaciones presupuestarias, eliminación o cambios a programas mal evaluados, recorte de gasto público (bienes y consumo) y mayor racionalización del uso de recursos fiscales, lo que incluye reducir las nuevas contrataciones, viáticos, viajes, horas extras y asesorías. La segunda mitad provendrá de los ingresos tributarios adicionales generados por el mayor crecimiento (PIB de tendencia pasaría de 2,6% previsto en el Presupuesto 2018 a 3,5% hacia el 2022), fuerte control de la evasión y perfeccionamientos al actual sistema, y mayor eficiencia de las empresas públicas (reflejada en sus aportes al Fisco).
Política fiscal y deuda pública
Controlar las finanzas públicas está en el eje del programa de Piñera, siendo un objetivo generar espacio para recuperar la nota soberana por parte de las clasificadoras de riesgo. El compromiso es converger gradualmente desde el actual déficit fiscal estructural hacia un equilibrio en un período de seis a ocho años, con una regla explícita, transparente y creíble. La idea es que hacia el final del próximo gobierno se tienda a "normalizar" el nivel de deuda pública bruta, hoy de 23,8% del PIB. "Todo lo anterior permitirá ingresos fiscales adicionales del orden de US$ 7 mil millones", cita el texto.
Crecimiento y empleo
La primera administración Piñera estimó un crecimiento promedio de 5,8% del PIB durante su gestión, pero en esos cuatro años, el crecimiento promedió 5,3%. Hoy, los técnicos del comando basan el programa de gobierno en una moderada expectativa de recuperación: duplicar la tasa de crecimiento promedio del actual gobierno. Hacienda estima para este año una expansión de 1,4%, y con eso, en la segunda administración Bachelet el país habrá crecido 1,8% promedio.
La agenda de desarrollo económico para un "País que Crece y Crea Empleos de Calidad" de Piñera tiene un costo de US$ 2.800 millones y propone duplicar la capacidad de crear nuevos puestos de trabajo, "mejorando su calidad y aumentando significativamente la tasa de incremento de los salarios". La meta es que hacia el final del mandato (marzo de 2022), nueve millones de personas estén trabajando, aunque no precisa en qué categoría (asalariados, independientes, cuenta propia, etc.). Hoy, 8.297.150 personas tienen empleo, según el INE. Un gobierno de Piñera buscaría, entonces, generar poco más de 702.000 nuevas ocupaciones. También reducir la pobreza por ingresos -de 11,7% de la población, según la Casen 2015- en un tercio en cuatro años y a la mitad en ocho años.
Sistema tributario
"Recuperar la confianza para que las empresas vuelvan a invertir, aumentando la tasa de inversión en tres puntos porcentuales hacia el final de nuestro gobierno", compromete Sebastián Piñera en su programa. El Banco Central estima que este año la inversión caerá 2,5% respecto de 2016, y para 2018 subiría 3,1%. También que la tasa de inversión llegaría a 21,1% del PIB este año y lo mismo en 2018.
Claves son los cambios que impulsaría al sistema de impuestos creado con la reforma de 2014. Se mantendría la carga tributaria global, pero derogaría el llamado régimen integrado con atribución de renta, para volver a un sistema que integre 100% los impuestos a la renta de las empresas (primera categoría) y personas (segunda categoría y global complementario). Para eso, se reduciría gradualmente la tasa de impuesto de primera categoría, de 27% desde enero próximo, a los niveles promedio de los países de la Ocde, de 25%. La corrección tributaria, que incluye incentivos al ahorro y la inversión, costaría al Fisco US$ 2.700 millones, lo que en el comando apuntan a financiar, básicamente, con mayor crecimiento económico.
Pensiones y sistema de salud
Con un costo fiscal estimado de US$ 3.000 millones para fortalecer el Pilar Solidario creado en 2008 -cuyo gasto actual es de 0,8% del PIB y en cuatro años subiría a 1,14%-, un eventual segundo gobierno de Piñera abordaría la demanda ciudadana por reformar el actual sistema previsional. Su plan es elevar entre 10% y 150% el valor de los beneficios que entrega dicho pilar (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario, bono por hijo nacido vivo) para subir el monto de las pensiones autofinanciadas, apoyar el ahorro previsional de la clase media e incentivar aplazar la jubilación.
También propone la creación de un Plan de Salud Universal que terminaría con las discriminaciones por edad, género o preexistencias en las isapres. Este se basaría en una red de hospitales públicos siglo XXI y la modernización del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Hace una semana anunció la creación de un nuevo seguro universal para enfermedades catastróficas, cuyo tope máximo por deducible sería de hasta tres sueldos o $ 1.400.000. Por arriba de eso, el seguro absorbería el costo.
Alejandro Guillier
Dos reuniones formales con Osvaldo Rosales y otros economistas que colaboran directa e indirectamente con la candidatura presidencial de Alejandro Guillier. También llamados y hasta conferencias telefónicas. Varios fueron los caminos a los que recurrieron las partes para dar curso al documento de apoyo de los 17 profesionales DC que decidieron adherir públicamente a la candidatura del senador y periodista. El martes pasado, el texto finalmente llegó a manos de Rosales, quien no sólo colaboró en algunos contenidos, sino que también ayudó a coordinar ideas comunes entre su sector y el economista DC a cargo del proceso, el ex subsecretario Mauricio Jélvez, coordinador económico de la candidatura de Carolina Goic.
El documento de tres páginas lo suscribieron, además, Ricardo Ffrench-Davis, Carlos Mladinic, Andrés Palma, Juan Villarzú, Jacqueline Saintard, Pablo Badenier, Ana María Correa, María Paz Ortega y Carmen Celedón, entre otros.
Costo del programa
La última semana fue de cambios en el discurso oficial, confusiones y enredos por parte del propio Guillier para explicar cómo esperaba financiar la condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) para la población del 40% de menores ingresos que debió usar ese mecanismo para costear su educación superior. Rosales estimó que la condonación de la deuda costaría entre US$ 350 millones y US$ 380 millones anuales, de modo que en cuatro años esa medida demandaría al Fisco unos US$ 1.400 millones a US$ 1.520 millones. La cifra, agregan en el equipo económico del senador, se suma a los US$ 9.750 millones contemplados en el diseño inicial, por lo que, insiste uno de los técnicos, el costo final del programa de gobierno no superaría los US$ 11.500 millones.
Fuentes de financiamiento
Las fuentes de financiamiento son las mismas desde el inicio del diseño de campaña. La primera y más relevante es la recaudación que generaría la reforma tributaria, en régimen desde enero de 2018, de unos US$ 8.200 millones o 3% del PIB. Además de esos recursos, según sus cálculos, con un crecimiento del PIB de 3% a 3,5% entrarían al Fisco US$ 700 millones extras por año. Los mecanismos de control de elusión tributaria creados con la reforma aportarían al menos US$ 250 millones.
La segunda fuente es la derogación de la Ley Reservada del Cobre (por la que Codelco traspasa a las Fuerzas Armadas el 10% de sus ventas brutas, con un piso legal) propuesta en el programa y que liberaría US$ 500 millones para el Fisco por año. La tercera fuente es la eliminación de programas mal evaluados y recorte de gastos en bienes y servicios que estiman en US$ 300 millones. La cuarta fuente sería la digitalización de los procesos del Estado, que implicaría ahorros por US$ 250 millones.
Política fiscal y deuda pública
En la candidatura de Guillier afirman que la emisión de bonos es una herramienta vigente de administración financiera del Fisco, pero que a partir de 2019 buscarán reducir la tasa de crecimiento de la deuda pública. La Ley de Presupuesto 2018 contempla un déficit y aumento de la deuda pública de 1,9% del PIB. La deuda pública hoy llega al 23,8% del PIB. Por eso, aclaran que el programa fue diseñado con proyecciones más aterrizadas para el precio del cobre (US$ 3 la libra), un tipo de cambio real competitivo (no menos a $ 600) y una inflación en el centro del rango-meta del Banco Central de 3% anual.
Crecimiento y empleo
En el comando de Guillier trabajan con una estimación de crecimiento promedio del PIB de 3,5% a 4% durante su eventual gobierno. Como parte del plan que "se hace cargo de la necesidad de relevar el crecimiento, ponerlo en el primer lugar de la tabla", consigna el texto suscrito por la DC, se compromete un esfuerzo de mayor inversión en infraestructura. Por un lado, con el aporte fiscal de US$ 250 millones para el inicio de la construcción del Puerto de Gran Escala de San Antonio. A eso, recogiendo el aporte DC, se adhiere un Plan Nacional de Infraestructura que "contemple la puesta en marcha del Fondo de Infraestructura, de manera de llegar durante el próximo gobierno a una tasa de inversión en infraestructura equivalente a 5% del PIB". También "potenciar el uso del sistema de concesiones para la construcción de infraestructura pública, estimulando la inversión privada, junto a mejorar la tramitación de grandes proyectos, respetando y protegiendo el medioambiente, sobre la base de una planificación integral de los territorios".
En materia de empleo, el objetivo es llevar la tasa de desempleo a niveles del 6% hacia el término del próximo gobierno, formalizando al 40% de los ocupados informales que hay en el país.
Sistema tributario
En septiembre de 2013, el supuesto de Hacienda era que en el período 2014-2017 el país crecería a un promedio de 4,8% anual, en torno a su tendencia. La realidad fue otra, pues el crecimiento promedio ha sido de apenas 1,8% anual. Por esto, en el comando reiteran que primero esperarán a ver cómo opera la Ley 20.780 de reforma en régimen de los dos sistemas tributarios creados, el funcionamiento de la Norma Antielusión y el efecto de la recuperación de la actividad y la recaudación.
Pensiones y sistema de salud
Con Piñera y con Guillier las AFP seguirán. La candidatura del senador coincide con la reforma propuesta por el gobierno, en que el empleador aporta un 5% adicional para pensiones, que ese aumento sea administrado sólo por una entidad pública y que una parte de ella tenga un componente solidario. La diferencia es que del 5% que aportarán los empleadores, Guillier destinaría un 3% a un Pilar Solidario que, administrado por un ente estatal u otro agente, conviviría con el Pilar de Ahorro Individual Obligatorio, dando curso a un sistema mixto de pensiones. Además, se crearía un seguro para la "cuarta edad" que permitiría distribuir los recursos existentes en un menor número de años, elevando de inmediato las pensiones.
También anunció la creación de un Fondo Solidario Nacional para mejorar las prestaciones y atención en la salud primaria. El fondo se financiaría con un 3% del total de 7% de la cotización obligatoria para salud que los trabajadores asalariados deben pagar. Para quienes están en isapres, un 3% de su cotización iría al fondo, mientras que quienes estén en Fonasa ya cotizan ese 3%.
