"Nuestro argumento central es que el proyecto opta por un sistema de despenalización de algunas conductas en relación al aborto, que implica necesariamente su legalización y legitimación", dice la abogada penalista Magdalena Ossandón, académica de la UC y quien representará en el TC a la ONG Comunidad y Justicia.

¿En qué sentido?

El punto es que no sólo despenaliza. Cuando una conducta está descrita como delito en el Código Penal tiene, obviamente, una sanción penal. Y si hay un interés porque esa sanción no se aplique, en ciertos casos hay varios caminos para hacerlo. En situaciones como las del proyecto, sabemos que la mujer está en una circunstancia muy difícil, puede estar desesperada, angustiada, vulnerada, y en ese estado puede que ella se realice un aborto o permita que se lo practiquen. Pero el sistema penal considera que no necesariamente ella es culpable de delito.

Quienes apoyan el proyecto apelan al derecho de la mujer sobre su cuerpo...

Ciertamente que uno tiene libertad y derechos que deben ser reconocidos, pero los derechos tienen un límite, y aquí se va más allá del cuerpo de la mujer (...). Como sociedad debemos preocuparnos de ayudar tanto a la mujer como al no nacido.