El abogado Eduardo Riquelme, quien defiende al ex diputado Alberto Cardemil en el marco del caso Penta, se suma a los cuestionamientos al Ministerio Público por la solicitud de audiencia de formalización para un grupo de políticos con fecha 22 de junio.

Al igual que su par Gabriel Zaliasnik -quien defiende al senador Ivan Moreira (UDI) y al ejecutivo de SQM, Roberto Guzmán y quien señaló en Reportajes que la Fiscalía ha cometido "excesos y errores" a lo largo de su investigación- sostiene que no se configura un delito tributario para quienes pidieron aportes de campaña y entregaron boletas falsas.

¿Usted comparte la tesis de Zaliasnik respecto a que las facturas ideológicamente falsas que involucran a personeros políticos no son constitutivas de delito tributario y solo serían reprochables desde el punto de vista electoral?

Totalmente. Lo que ocurre acá es que las personas que solicitaron financiamiento electoral estaban pensando en que se estaba vulnerando la ley de financiamiento electoral, pero jamás se tuvo en mente que eso estaba siendo parte de un delito tributario cometido por un tercero. Estoy seguro que si se hubiera considerado esa posibilidad, nadie hubiera optado por esta vía de financiamiento.

¿Usted parte de la premisa que esas personas sabían que se estaba cometiendo una irregularidad independiente de si era tributaria o electoral?

Evidentemente ellos sabían que se estaba cometiendo una irregularidad en la ley de financiamiento de las campañas, pero jamás se pensó que se estaba siendo parte de la comisión de un delito tributario de una tercera persona.

Desde su punto de vista jurídico, ¿qué es más grave quien emite boletas personales o los que buscaban boletas de terceros?

En este caso, el fiscal no distingue. Independiente de lo uno o lo otro, lo claro es que en ambos casos el objetivo era obtener financiamiento de campañas. Sea que se emita la boleta de una empresa propia o trato de conseguirme con un tercero una boleta. Siempre el objetivo, el dolo, es obtener financiamiento de campaña, no participar en un delito tributario porque la facilitación por sí misma no es delito. Lo que es delictual es hacerlo con el propósito de facilitar el delito tributario de un tercero.  En este caso, la facilitación, lo que el Ministerio Público está haciendo es extenderla a un terreno más allá de lo que el delito señala. Porque no basta con la entrega, tiene que ser una entrega con el propósito de facilitar el delito de un tercero. Y eso, en este caso no está.

Es evidente que en todos estos casos se cometieron irregularidades… 

La ley de financiamiento electoral entrega la competencia al Servel para que pueda investigar y estimar sanciones. Pero entendemos en este caso, los plazos que el Servel tiene para este propósito ya se encuentran vencidos.

En el caso de su representado, el ex diputado Cardemil, ¿él sabía que las boletas iban a servir para que la empresa se beneficie tributariamente?

No. El me señaló que siempre recibió aportes de Carlos Alberto Délano por la vía del Servel, y en este caso, no fue así. Lo que recibió Alberto Cardemil fue un llamado de Hugo Bravo quien le señaló que el cupo del Servel estaba lleno y que lo más fácil para él, era que pudiera hacerle llegar dos boletas por hasta 10 millones de pesos. Mi representado comentó esta situación al interior de su comando y personas cercanas al comando ubicaron a estos dos abogados  e hicieron llegar las boletas a Bravo. De vuelta se giraron los cheques y ese dinero ingresó a la campaña, no a la cuenta corriente del señor Cardemil. Hemos reconocido que esos dineros iban para la campaña, pero de modo alguno sabíamos quienes eran los facilitadores en un primer minuto, o sea quienes estaban extendiendo las boletas o facturas y mucho menos que esas boletas iban a ser usadas en Penta para la comisión de un delito tributario. Eso nunca se le pasó por la cabeza a nadie.

¿Y el ex diputado Cardemil no reparó en ese punto ?¿No preguntó qué iba a pasar con esas boletas?

Alberto Cardemil llamó reiteradas veces a Carlos Alberto Délano y él nunca respondió el teléfono. Tuvo una conversación con Hugo Bravo pero después no tuvo más contacto con él. Porque imagínese, pasó la campaña y la declaración de impuestos de Penta se efectúa en abril de 2014, siete meses después de que había transcurrido el ejercicio electoral.

¿Coincide con Zaliasnik en el sentido de que el Ministerio Público ha cometido excesos?

Sí, y ahora esto queda de manifiesto. No hay una explicación de por qué, distintas personas que pueden estar en la misma situación jurídica reciben un tratamiento diferenciado del Ministerio Público.

¿Cómo quiénes?

No es que yo quiera involucrar a más personas porque  creo que ninguna de ellas tiene responsabilidades por lo que señalé anteriormente. Sin embargo, situaciones que se observaron desde el comienzo del señor Undurraga, Velasco, Golborne, etc. Otras personas que estaban en situaciones análogas aparecen fuera de las formalizaciones, que es lo más grave, sin que se explique por qué se está dando un tratamiento diferenciado a personas que estaban -aparentemente- en una misma situación jurídica.

¿Podría identificar errores de la Fiscalía?

En lo que a nosotros concierne, nos parece bastante temerario que se pretenda la formalización sin la habilitación del SII. El Servicio ha señalado que no necesariamente en todos los casos estiman que hay mérito para iniciar una investigación tributaria, por criterios de reiteración, de montos y precedente. Por ejemplo, en nuestro caso una boleta de 3 millones y otra de 7 millones de pesos a lo mejor es más rentable cobrar una multa y no hacer el desgaste burocrático de lo que significa una persecución penal por un monto que puede ser de menor envergadura. Entonces, ese afán de intentar de ir más allá de la que la letra de la ley señala expresamente, so pretexto de la gravedad de la situación, es algo que pone al Ministerio Público con una pretensión de actuar por los bordes de la ley.

¿Ha afectado la exposición mediática en la actuación de la Fiscalía? 

Cuando la justicia se hace tan popular se torna, a veces, injusta. Porque muchas veces se habla y se razona sobre la base de caer bien a la galería y a la opinión pública y no sobre la base del mérito verdadero frente a los hechos y con la igualdad de la justicia por delante. En la primera formalización millones de personas estaban viendo esto por la televisión como si esto fuese un reality show.