La Corte Marcial aclaró hoy que el cabo Walter Ramírez no se encuentra inhabilitado para seguir trabajando al interior de Carabineros de Chile. El gobierno y comunidades mapuches pidieron que el funcionario fuera alejado de la institución. Y el abogado del efectivo condenado por la muerte de Matías Catrileo asegura que Carabineros no puede recibir presiones políticas.
Este es el escenario que se está viviendo hoy con la discusión del futuro de Walter Ramírez, quien recibió una condena de tres años y un día de presidio con el beneficio de la libertad vigilada, luego de que diera muerte en medio de un procedimiento policial al joven universitario Matías Catrileo, el 3 de enero de 2008 en el fundo Santa Margarita, propiedad de Jorge Luchsinger.
El abogado del cabo, Gaspar Calderón, dijo a La Tercera que Carabineros no puede recibir presiones políticas y tampoco el gobierno, para dar de baja a Ramírez.
"Carabineros no puede recibir presiones políticas y el gobierno tampoco (...) el que tiene que revisarse es el ministro Chadwick por su inoperancia, debería darse de baja él mismo y si lo hace, yo mismo le dijo a mi cliente que pida de forma voluntaria su baja", dijo el abogado.
Asimismo, indicó que el interés del ministro es "congeniar con activistas políticos que le han puesto como condición para negociar, la salida del cabo".
Por otro lado, en cuanto a un nuevo posible dictamen de la Contraloría sobre la situación de Ramírez, el abogado indicó que "eso no tiene por qué pasar, si ya se han emitido dos, donde dice clarito que mi cliente puede estar en la institución".
Primero, el 5 de diciembre pasado el organismo fiscalizador indicó en un dictamen que "atendido que el señor Walter Jhonattan Ramírez Inostroza si bien fue condenado por un crimen o simple delito, se le concedió un beneficio establecido en la ley N° 18.216, en la especie, la libertad vigilada, cabe concluir que aquél puede continuar prestando servicios en Carabineros de Chile".
Luego, el 13 del mismo mes el organismo fiscalizador indicó que "resulta menester destacar que si bien ese organismo policial no puede cesar a un servidor por el solo hecho de haber sido condenado judicialmente y favorecido con alguno de los beneficios ya analizados, cuenta con los mecanismos, conforme a lo prescrito en la reseñada normativa, para disponer, fundadamente, el alejamiento de ese funcionario, lo que, en la especie, no consta que haya ocurrido.
