Julián López, abogado de los ex controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, desestimó esta mañana la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en el marco de la formalización de los 10 imputados del caso Penta.
En conversación con radio Duna, López aseveró que "nosotros hemos dicho que aquí no se cumplen los requisitos de la prisión preventiva, que como todos saben son tres: que está acreditada la existencia de un delito, que haya acusaciones fundadas de participación de mis representados, y que haya una necesidad de cautela expresada en que existan un peligro para la seguridad de la sociedad".
"El delito de cohecho no existe, es una construcción artificial de antecedentes de una situación que a todas luces corresponde a una solución torpe de un conflicto de carácter laboral mal ejecutado pero en el que no hay ningún pago con el objeto de obtener una contraprestación", enfatizó el abogado.
Sobre la necesidad de cuatela, el defensor de Délano y Lavín aseguró que "es un exceso afirmar que nuestros representados puedan ser considerados como un peligro para la seguridad de la sociedad. Ese estándar está completamente alejado de personas del perfil privado y público que tienen mis representados".
"Mi convicción jurídica es que cuando no se cumplen los requisitos para la prisión preventiva, no se cumplen porque así lo dice la ley, y tampoco para ninguna medida cautelar. La solución establecida por la ley cuando no se cumplen los requisitos es que el imputado debe quedar sin medidas cautelares", detalló López.
En esta línea agregó que "ahora, tenemos el realismo de entender que en una causa como esta en la que los otros imputados están llegando a acuerdos y no impugnando determinadas medidas cautelares, una medida de menor intensidad como la de arraigo y firma, sería una medida razonable para mis representados".
