"La Superintendencia de Valores y Seguros va a continuar con todo el procedimiento, y eso va a gatillar que el resto de los involucrados trate de hacer lo mismo (que Roberto Guzmán)", advierte el abogado asesor de derecho administrativo de la SVS, Luis Cordero, de cara a la nueva semana que se avecina en el caso cascadas.
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que dictó orden de no innovar en el procedimiento de Guzmán -uno de los formulados de cargos en el caso cascadas-, y que en la práctica paralizó sólo ese proceso, el jurista señala que ahora el ente fiscalizador informará el reclamo de ilegalidad y tratará de convencer a la corte el porqué no es conveniente mantenerla.
A su juicio, ello no es más que una nueva maniobra dilatoria. "Es una discusión que va a estar planteada en las próximas dos a tres semanas, y son dos a tres semanas que el caso pierde", recalca.
En su defensa la SVS no estará sola. Ahora cuenta con el respaldo del Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuál es su importancia? Detrás de esto hay un explícita manifestación del compromiso del interés público, y eso es potente para revertir la decisión de la corte.
No es la primera vez que el CDE representa a la SVS. Ya lo hizo antes en el caso La Polar, aunque en otra instancia del juicio y que correspondió al período en que se interpusieron las reclamaciones en contra de las sanciones.
Cordero detalla que la SVS pidió la intervención del CDE en este momento, porque el procedimiento del caso cascadas se ha incidentado a tal nivel, que "parecía relevante y sensato solicitarla con anterioridad a lo que había sido en el caso La Polar".
En ese sentido, destaca que se está en la etapa más sensible: el procedimientro administrativo que tiene que ver con el inicio de los probatorios.
PROBLEMA ESTRUCTURAL
A pesar de lo que han interpretado algunos abogados de la plaza, Cordero insiste en que la orden de no innovar dictada por la Corte de Apelaciones sólo tiene efectos en el caso de procedimiento de Roberto Guzmán.
Así, la SVS tiene que seguir instruyendo el resto de los procedimientos porque, además, "son procedimientos infraccionales que persiguen responsabilidades separadas y se tramitan de esa manera. De lo contrario, agrega, lo que tenemos es un problema estructural y muy serio", acota.
El problema de fondo, según el abogado, es que el modelo legal de la Superintendencia está construido de un modo tal, que todos los plazos corren en contra del ente fiscalizador.
"El apercibimiento del plazo lo tiene la superintendencia, lo que hace que todo el incentivo que tiene cualquier litigante ante la SVS sea incidentar el procedimiento", añade.
Lo más grave, según el experto, es que se podría llegar al punto en que por un tema de plazos (caducidad), la SVS no pueda resolver el procedimiento, es decir, ni absolver ni sancionar. "Eso, al final del día, es extremadamente complejo de cara al interés publico", apunta.
Y agrega que no resolver un caso que es muy relevante para el funcionamiento de mercados financieros única y exclusivamente porque se viene un plazo de caducidad es "impresentable".
A modo de ejemplo y entrando a la jerga deportiva, Luis Cordero advierte que lo que no puede suceder es que alguien gane un partido por walk-over, y dejar que los plazos pasen con esa finalidad".
SOLUCIÓN DE FONDO
Para Cordero, el caso cascadas debiera mirarse como un símbolo del por qué es conveniente ir hacia una comisión de valores, proyecto de ley que está en el Congreso. "Entre otras cosas, precisa, permitiría corregir este tipo de asimetrías que se producen en perjuicio de la propia superintendencia".
