El compromiso verbal entre la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente y los defensores de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, controladores del grupo Penta, se alcanzó 14 días antes de la formalización de los empresarios, según precisa el abogado defensor éstos, Julián López.

Las oficinas de la Fiscalía Oriente, ubicadas en Las Condes, fue el escenario elegido para lograr uno de los hitos más relevantes del futuro procesal de los dueños del holding: el reconocimiento que la fiscalía haría al tribunal de su colaboración en la indagatoria.

Este hecho, denominado jurídicamente como atenuante, permitiría a la fiscalía pedir una medida cautelar distinta a la prisión preventiva contra Délano y Lavín, imputados por delitos tributarios y el supuesto soborno del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Sin embargo, y pese a las intensas gestiones, este compromiso fracasó pocas horas antes de la lectura de los cargos en contra de ambos.

López indicó ayer que "hace exactamente dos semanas el fiscal (Carlos) Gajardo me emitió un juicio acerca de cuál había sido la colaboración prestada por mi representado en esta investigación. Su juicio fue que mis defendidos habían colaborado de tres maneras: corroborando hechos que se conocían, despejando hechos que estaban cuestionados y entregando información nueva que no se conocía, y que eso era lo que la fiscalía iba a decir en la audiencia cuando hablara de la colaboración de mis representados. Lo que expliqué en la audiencia es que lamentablemente ese compromiso no se cumplió y eso es algo que lamento profundamente".

El profesional enfatizó que el fiscal "Gajardo me dijo que reconocería la colaboración sustancial de mis defendidos. Eso no se cumplió".

A juicio del abogado "desde el punto de vista de la carpeta de investigación no ha cambiado absolutamente nada, lo único que ha cambiado es la dirección de la investigación", que desde el 24 de febrero está en manos del fiscal nacional, Sabas Chahuán, quedando Gajardo como integrante del grupo de tres fiscales que colaboran con la máxima autoridad del Ministerio Público.

Los acercamientos entre ambas apartes han sido calificadas como conversaciones y no como acuerdos por parte de la fiscalía.

Pese a los cuestionamientos por parte de los defensores de Penta, Chahuán dijo ayer, al término de la audiencia, que durante los cuatro meses de investigación "la fiscalía ha trabajado seriamente, dedicadamente (...) y creemos que los antecedentes que hemos puesto a disposición del magistrado, son sólidos, contundentes y serios, y reafirman lo que hemos venido diciendo".

En ese sentido, agregó que "creemos que (la resolución del magistrado) va a ser favorable para nosotros". El Ministerio Público solicitó al tribunal decretar la prisión preventiva de los dos empresarios; del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; el ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Alvarez; y el fiscalizador del mismo organismo, Juan Martínez.

Arremetida de Penta

A pocas horas del término de la presentación del Ministerio Público, en que el fiscal Carlos Gajardo calificó al grupo Penta como "una máquina para defraudar al Fisco", y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) comparó al holding con "carteles de droga (que) también generan empleo, dinero y trabajos" (ver secundaria), los representantes de la firma reaccionaron con una fuerte arremetida en el plano jurídico y comunicacional.

El primero en responder a los dichos de la fiscalía, fue el empresario Carlos Alberto Délano, a través de la lectura de una declaración pública. Posteriormente, el abogado Julián López realizó sus descargos ante el tribunal.

"Esa frase (del fiscal Gajardo) no sólo está fuera de lugar, sino que es de máxima gravedad".

Posteriormente, López respondió a la exposición del CDE y señaló que su exposición tuvo excesos retóricos, en especial la comparación del grupo con narcotraficantes.

Durante los alegatos, la defensa de los empresarios cuestionó la existencia del delito de soborno. Según López los pagos efectuados al ex subsecretario Wagner fueron responsabilidad del ex gerente Hugo Bravo. Además, dijo que los pagos se efectuaron por el término de su relación laboral con el grupo Penta y no para aprovechar su cargo en el gobierno. Al momento de realizar los traspasos de dinero, aseguró la defensa de los controladores, Carlos Délano no mantenía una relación con el proyecto Minera Dominga.

Sobre las gestiones que Wagner hizo para que Carlos Lavín asumiera en el directorio de Codelco (que no se concretó), éstas se habrían hecho antes de que se ejecutara el primer pago a la ex autoridad. En cuanto a los delitos tributarios cometidos dentro de la empresa, López planteó que eran responsabilidad del ex ejecutivo Hugo Bravo, ya que éste habría mantenido nexos con funcionarios imputados por corrupción y manifestó que fue él quien firmó cerca del 90% de los cheques de la firma. Con estos argumentos, López dijo que -junto a las bajas penas que arriesgan los empresarios- éstos no representan un peligro para la seguridad de la sociedad.