Luego de que el viernes pasado la Fiscalía de Temuco declarara prófugo a Juan Tralcal, uno de los 11 comuneros acusados de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, el abogado de la familia de las víctimas, Carlos Tenorio, criticó que el imputado haya estado con arresto domiciliario, lo que según el profesional habría favorecido la fuga.

El 30 de diciembre la Corte de Apelaciones de Temuco revirtió este régimen y dictaminó que Tralcal volviera a la cárcel. La orden de detención se emanó el viernes y cuando los detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales (Bipe) PDI fueron a detenerlo a su casa éste no se encontraba.

Al respecto, Tenorio dijo que "esto reafirma una vez más que las alegaciones que hemos hecho, en el sentido de que un régimen distinto a la prisión preventiva en estos casos representa un peligro de fuga. Esto pone en entredicho la decisión de algunos jueces de garantía, que consideran que esto no es efectivo". Añadió que "es una cuestión empírica, hay causas en que ya ha ocurrido lo mismo; pretender sostener lo contrario es tratar de tapar el sol con un dedo. Nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir, los hechos recientes no hacen más que confirmar nuestros temores".

Tenorio sostuvo, además, que "esperamos que en el futuro, cuando se plantean situaciones como esta, haya una coordinación mejor, con el objeto que se dé cumplimiento a lo dictaminado por los tribunales de justicia, en forma certera y con mayor celeridad".

Edwald Luchsinger, sobrino del matrimonio fallecido, indicó que "simplemente la justicia debe operar, en todo sentido y con todo el rigor, porque ya está bueno que se estén riendo de las víctimas. Aquí los afectados han pasado a un tercer plano y en el olvido, no obstante, aquellos que están imputados (...) se les dan todas las libertades".

Luchsinger adelantó que la próxima semana presentarán una acción legal en relación con la supuesta negligencia de parte de las autoridades que llevaron a que Tralcal huyera.

En tanto, la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, dijo que esta situación ocurrió por una decisión de las instituciones de la justicia y, "por lo tanto, son ellas en este caso las llamadas a hacer todo lo que se requiera para poder cumplir, para que las personas implicadas cumplan con las medidas que la justicia ha establecido".

Agregó que el gobierno persistirá en la querella, ya que "nos parece un crimen horrendo, que debe ser esclarecido y los culpables deben pagar ante la justicia".