En 1985, un abogado ambientalista se enfrentó al gobierno militar por la realización de un proyecto para la extracción de agua desde el lago Chungará para labores de riego. Fernando Dougnac, creador y director de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente, interpuso en esa época un recurso de protección contra el entonces ministro de Obras Públicas, Bruno Siebert, el director de Riego de la región y otras autoridades, para frenar la iniciativa. 

Ese año, la Dirección de Aguas del MOP solicitó una concesión para extraer caudal de este lago, ubicado a 4.520 metros de altura y que forma parte del parque Lauca, una Reserva de la Biósfera de la Unesco. El objetivo: llevar el recurso hídrico hasta el Valle de Azapa para asegurar el regadío a través de un sistema de impulsión instalado en la ribera del Chungará.

El hecho motivó la reacción de grupos ambientalistas y agricultores ariqueños, apoyados por Dougnac. El sistema acarrearía daños al ecosistema, decían, debido a la alta salinidad de sus aguas, según estudios científicos citados en la ocasión por el profesional. El 19 de diciembre de ese año, el recurso legal fue ratificado por la Corte Suprema.

Veinticinco años después, la historia parece repetirse. El escenario y algunos actores también. 

El Ministerio de Minería anunció en los últimos días que destinará unas 31.500 hectáreas del Parque Lauca -de un total de 210 mil- para la prospección minera. Así, una superficie de entre un 5% y 15% de esta Reserva podría ser desafectada en los próximos dos años para la toma de muestras de minerales de alto valor, como oro, cobre y plata. 

"La defenderemos a muerte", es la escueta sentencia del abogado ambientalista al ser consultado por la iniciativa del gobierno. Explica "que la desafectación del Parque Lauca no se puede hacer sin una ley especial, porque la Convención de Washington establece perentoriamente que no se pueden alterar los límites de los parques nacionales si no es a través de un acto legislativo. Por lo tanto, cualquier alteración de los límites tiene que hacerse a través de una ley; si no se hace a través de una ley, este acto es inválido, no tiene ningún valor. Es ilegal", afirma Dougnac a latercera.com. 

Asimismo, señala que "si lo hacen a través de un Decreto Supremo basado en el Decreto Ley 1939 (normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado) eso es ilegal. Prima sobre este DL la Convención de Washington que establece que sólo se pueden desafectar los distintos bienes nacionales a través de una ley". 

El profesional indica que desafectar parques obedece "más bien a una política desarrollista que a una política ambiental. Es decir, una política contraambiental". Y califica el anuncio como una "locura" y un "desatino". 

"Una locura, porque es crearse un conflicto grande; y un desatino, porque en un momento en que la humanidad lo único que quiere es tener reserva de la Biósfera, quiere tener áreas verdes, etc., nosotros estamos haciendo lo contrario", expresó.

"La OCDE uno de los reparos que tenía para que Chile ingresara era el aspecto ambiental. De tal manera de que el gobierno debe tener mucho cuidado con lo que va a hacer en materia medioambiental", comentó el abogado.

Dougnac asevera que "posiblemente" se reunirá con las comunidades indígenas de la zona y no descarta presentar un recurso de protección, para "defender a muerte" al Parque Lauca.  

Ayer, desde el Ministerio de Minería se informó que aún no se ha decidido qué camino seguir para llevar adelante esta iniciativa que, aseveraron, no significa "explotación".