El abogado querellante por el caso tsunami, Raúl Meza, anunció esta mañana que el próximo 27 de febrero solicitará ante la fiscalía regional Metropolitana Occidente la formalización de cargos en contra de la ex Presidenta Michelle Bachelet, por la figura de cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio, a causa de su rol en el manejo del terremoto y maremoto del 27/F.

El jurista argumentó que la "falta oportuna de la alerta de tsunami" en las costas del país, correspondería a una "omisión inexcusable de no evacuar a la población" y que sería la causa de la muerte de 156 personas.

Meza afirmó que, tras analizar "exhaustivamente el mérito la declaración voluntaria prestada por la ex mandataria, en la cual, reconoce expresamente y por primera vez, después de tres años de investigación, que el 27 de Febrero de 2010, asumió el mando político de la nación, en su condición de Presidente de la República, y que en dicha calidad presidió el COE en dependencias de la Onemi, se concluye, por parte de este querellante que la decisión de no alertar a la población de la presencia de un tsunami en las costas del país fue plenamente respaldada, autorizada y difundida por la máxima autoridad presente el 27/F de 2010 en dependencias de la Onemi, incurriendose por parte de la ex mandataria en una omisión inexcusable en el ejercicio del mando político de la nación durante una emergencia nacional".

"Asimismo, este querellante, cerrada la investigación, solicitará al 7mo Juzgado de Garantía que sea citada la ex mandataria para ser interrogada  bajo una minuta detallada y extensa de preguntas y se autoricé expresamente la presencia de este abogado querellante en dicha diligencia, derecho que ha sido negado por parte de la Fiscal Huerta en las dos declaraciones que ha prestado la testigo", agregó.

El abogado también explicó que pedirá a la fiscal a cargo, Solange Huerta, que "cite nuevamente  a los principales imputados en esta causa, Fernández y Rosende para que declaren sobre las decisiones que tomo  la Ex Mandataria en ejercicio del mando político el 27/F en la Onemi".

"Finalmente, conforme al mérito de los antecedentes que obran en el nuevo informe policial, se solicitará la incompetencia del tribunal de garantía para que remita la investigación a la justicia militar", anunció el abogado querellante.