El abogado Carlos Quezada, representante de la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes, Confrapreco, calificó como un "avance" que Gendarmería reconozca la existencia de apremios ilegítimos y torturas en contra de reclusos al interior de distintos penales del país.

Los dichos del profesional surgen luego de un informe divulgado por UPI, de la institución carcelaria, y en el que se detalla que en lo que va de 2009, se han abierto 47 sumarios para investigar apremios ilegítimos contra prisioneros, de los cuales 19 corresponden a actos de torturas que están siendo indagados.

Al respecto Quezada manifestó que "es un avance que se esté reconociendo por fin que en las cárceles chilenas se tortura, después de una pelea de casi 10 años intentando que se reconozca (este tipo de actos) por la autoridad penitenciaria", aseguró.

Según explicó el profesional, "llama la atención que el mismo informe indica que a funcionarios que han sido sancionados por apremios ilegítimos contra otros seres humanos, no se les haya sancionado con la destitución".

A su juicio para Gendarmería "es bastante más grave que un funcionario ingrese un celular a una cárcel, que se le aplique tormentos ilegítimos a otras personas".

Antecedentes proporcionados por Quezada indican que el tipo de tortura que sufrirían los internos correspondes a esposamientos a sus celdas para luego ser golpeados con mazos en su costillas, brazos y otras partes del cuerpo, causando fracturas dentales y óseas, para posteriormente darles una ducha con agua fría que intenta aminorar los hematomas producidos por las agresiones.