La Comisión de Salud del Senado inició hoy la discusión de las más de 120 indicaciones al proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación.

La sesión se centró en una propuesta del Ejecutivo, que especifica que para interrumpir el embarazo de una menor de 14 años se requerirá su voluntad y la autorización de su representante legal. Sin embargo, se plantea que el equipo médico prescindirá del permiso del tutor "cuando este (a) no fuere habido o si existiesen antecedentes que hagan deducir razonablemente que la solicitud de autorización al (a la) representante podría exponer a la niña a un riesgo grave de maltrato físico o psíquico, coacción, abandono, desarraigo u otras acciones u omisiones que vulneren su integridad".

La indicación añade que en caso de que la niña se encontrara expuesta a alguna de dichas situaciones, "el (la) jefe(a) del establecimiento hospitalario o clínica particular deberá informar al tribunal con competencia en materia de familia que corresponda para que adopte las medidas de protección jurisdiccionales que la ley establece".

La ministra de la Mujer, Claudia Pascual, explicó que "nos pusimos en la situación de que muchas de las violaciones son intrafamiliares, donde pudiera haber una presión, precisamente de algún familiar, y en algunos casos del progenitor o la pareja de la madre. Por lo tanto, hemos querido salvaguardar la posibilidad de que ella pueda dar su opinión".

La indicación ya fue rechazada por los diputados. "Por la votación en la Cámara de Diputados, esto no pudo llegar al proyecto que ustedes han conocido, por eso hemos querido reposicionar un procedimiento que permite escuchar la voz de la menor de 14 años, en caso de que su padre o madre no la respalden", agregó Pascual.

El senador RN Francisco Chahuán dijo que la decisión debe pasar por un Tribunal de Familia y no por un equipo médico. "Por el interés superior del niño, la decisión debe ser tomada por los padres y, en caso de que estén inhabilitados, debiera ser entregada por un juez de familia, como se establecía en la norma original del Ejecutivo", dijo, y anunció que, de ser aprobada esta indicación, recurrirá al Tribunal Constitucional, pues, a su juicio, se vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos y el derecho de la vida del que está por nacer.

Por su parte, el senador Guido Girardi sostuvo que "hay que respetar el derecho a decidir y aparentemente en la sociedad chilena no todos quieren reconocer a otros ese legítimo derecho de tomar sus propias decisiones".