Los 10 integrantes del Tribunal Constitucional (TC) sabían desde inicios de año que llegaría a sus manos la última decisión sobre el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales impulsado por el gobierno. Y se alistaron durante meses para ello.

La única duda que había era quién sería el presidente al momento de la vista de la causa, interrogante que se despejó a inicios de agosto, cuando se presentó el primer requerimiento -de los senadores de Chile Vamos- y por cronograma alcanzaba a resolverse durante la gestión de Carlos Carmona, presidencia que finalizó el lunes pasado, cuando fue sucedido por el ministro Iván Aróstica, de sensibilidad conservadora.

De todas las materias que resuelve el TC, se sabía que esta sería una decisión histórica. En todo el mundo la discusión sobre la despenalización del aborto ha llegado a esta magistratura y se ha debatido sobre la constitucionalidad de la interrupción del embarazo, por lo que había conciencia en cada uno de los jueces de la relevancia de su decisión.

Por esto es que resultó tan insólito para sus integrantes que el lunes 28 el ministro Juan José Romero -de sensibilidad conservadora- no se presentara a la sesión extraordinaria que se había agendado días antes para la firma y despacho de la sentencia definitiva a la Cámara de Diputados, trámite que permitiría seguir adelante con el proceso legal para la promulgación de la ley que permite, bajo tres circunstancias específicas, que las mujeres puedan optar por abortar en Chile.

Los ministros, incluidos los que fueron de voto de minoría y que consideran inconstitucional la ley, firmaron antes del mediodía el fallo íntegro, con la redacción de inconstitucionalidad determinada en algunos puntos del proyecto sobre objeción de conciencia (aquella que permite invocarla a las instituciones), adjuntando, además, sus prevenciones. Todos firmaron, menos Romero, que a esa hora estaba inubicable.

Las partes estaban citadas esa tarde cerca de las 18 horas para ser notificadas del fallo -abogados de senadores, diputados y del propio gobierno-, por lo que el tiempo apremiaba.

Fue entonces cuando el secretario del TC, abogado Rodrigo Pica, logró contactarse con Romero, quien habría sostenido que necesitaba más tiempo para realizar un voto particular. El profesor de la Universidad Católica -quien fue nombrado por el Senado, previa propuesta de la Cámara de Diputados en 2013- pidió más tiempo y propuso firmar la sentencia al día siguiente, es decir, el martes 29.

La situación molestó a algunos integrantes del TC. El pleno le hizo ver a Romero que nunca se han excedido los plazos de entrega de sentencias, que había que firmar ese día y se le dio un ultimátum: debía presentarse antes de las 20 horas o se procedería a certificar su firma ante un ministro de fe.

En el mundo judicial se sabe que no existe sentencia si no está firmada por todos sus miembros. Ese lunes, el histórico fallo logró ver la luz horas más tarde de lo acordado, pero con la rúbrica de Romero.

Tras el incidente, el ministro tampoco estuvo presente en el pleno ordinario del martes 29 y sólo reapareció ante el TC el jueves 31, dando reservadas explicaciones de los motivos de su ausencia al nuevo presidente del TC y al secretario de la instancia.