La aplicación de la objeción de conciencia individual de los médicos, a la que les da derecho la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, incluiría la posibilidad de que los profesionales puedan decidir en qué circunstancias podrán negarse a practicar un aborto.
De esta forma podrán optar por una, dos o las tres causales y esa decisión será evolutiva, es decir, podrá cambiar en el tiempo.
Así lo explicó Paz Robledo, asesora del Ministerio de Salud en aborto, quien junto a las subsecretarías de Redes Asistenciales, de Salud Pública y sociedades médicas, está trabajando en la elaboración de las normas técnicas, administrativas y reglamentos que permitirán aplicar la ley, 90 días después de su promulgación.
"Se puede declarar objetor dependiendo de la causal, no hay una objeción única. Pero además es evolutivo, ya que una persona a partir de su experiencia clínica puede llegar al convencimiento de que no traiciona sus principios. Por lo tanto, cualquier persona que se declare objetor puede cambiar de opinión", explicó Robledo, agregando que será "para cada recinto en el que trabaje".
Esta explicación se dio en un seminario sobre la aplicación de la objeción de conciencia, límites éticos y rol de los profesionales, organizado por el Colegio Médico de Chile, donde participaron más de 80 profesionales.
Tanto Robledo como la presidenta del gremio, Izkia Siches, enfatizaron en la necesidad de la "coherencia" de las decisiones que se tomen frente al derecho que les concede la ley.
"Nosotros les pedimos coherencia a los médicos, entendiendo que hay limitaciones legales. Las leyes no son perfectas y la ética está por sobre la legalidad desde nuestra interpretación", explicó Siches.
Respecto de la problemática de las objeciones institucionales, agregó que "podemos encontrarnos con el caso contrario, es decir, médicos no objetores a quienes su institución les impida dar acceso. En esos casos quizás el colegio podría comprender la incoherencia de ese profesional, pero cuando no ocurra, deben tener claridad de que este tema no se puede tomar con liviandad".
Robledo, en tanto, confirmó que aquellos establecimientos que nieguen atención o vulneren algún derecho se expondrán a sanciones administrativas y de otra índole que aún se analizan a nivel jurídico.
