Por primera vez desde que hace un mes asumió el cargo de ministra de Salud, Carmen Castillo, se refirió a los ejes que tendrá su gestión en 2015, entre los cuales está impulsar el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, cuyos alcances -dijo- deben ser debatidos en el Congreso.

La iniciativa permite la intervención de una gestación cuando corre riesgo la vida de la madre; en el caso de que el feto sea inviable y en ocasión de que una mujer sea víctima de una violación.

Consultada la ministra sobre uno de los aspectos más discutidos de la iniciativa, como es la objeción de conciencia de las instituciones ante estas cirugías, respondió que "el proyecto de ley no tiene incorporado este tema, tiene el de la objeción de conciencia individual (de los médicos a no realizar este procedimiento). Pero veremos cómo va el trabajo en el parlamento. Está todo abierto para que se discuta", enviándole una señal a recintos de salud como la Red UC y de Los Andes, entidades que ya habían anunciado que no se plegarían a la iniciativa.

Precisamente, había sido el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien sostuvo -cuando se inició la polémica- que "si hay profesionales de la Red UC que están disponibles para hacer abortos, deberán ir a trabajar a otro lugar".

Ante las declaraciones de la secretaria de Estado, el rector de la UC señaló que "la ministra de Salud, nuevamente ha sido muy ponderada en sus declaraciones y eso lo valoro de manera especial. Me parece muy importante que la objeción de conciencia personal y la libertad institucional se discuta con altura de miras en el parlamento".

La autoridad académica aseveró que debe existir una "libertad de ideario de las instituciones, de acuerdo a la misión e identidad de cada una de ellas", que en el caso de la Red UC debe ser "respetado en una democracia como la que vivimos en Chile".

Sánchez puntualizó también -al igual que la ministra- que cuando se trate de casos de urgencia o de una situación que comprometa la vida de una mujer que se haya realizado un aborto, "está el derecho a derivarla a otro centro asistencial, del sector público o privado, en condiciones electivas, sin urgencia ni compromiso para la salud de la madre".

VOLUNTARIO

La titular de Salud también se refirió a otros alcances del proyecto de ley: que esta iniciativa es voluntaria  y que la decisión puede tomarse en familia: "Muchos preguntan si el marido tiene que ver con esto o no y la decisión de pareja también hay que respetarla (...). Esperamos que los parlamentarios (hombres) también estén sensibilizados. Tendremos que estar cerca de ellos para darles la información, para evitar que se tome una decisión sin este sentimiento femenino que tenemos que aportar".

Enrique Paris, presidente del Colegio Médico, explicó que comparte con la secretaria de Estado la idea de que todos los puntos deben debatirse en el parlamento. "Si un prestador tiene médicos que han hecho valer su objeción de la interrupción del embarazo, tal como lo expresé antes, en ese caso el centro de salud debe tener un convenio para poder derivar a esas usuarias".

¿Y qué pasa con las zonas extremas del país, donde un médico puede negarse a realizar esta práctica? El timonel de los médicos dijo que "normalmente existen lugares públicos donde pueden ser derivados. Pero en un caso extremo debe haber un médico reemplazante para poder atender a esas personas".

El profesional agregó que los especialistas apoyan ampliamente la discusión sobre esta iniciativa, que entrará en marzo al Congreso: un 65%, de 4.000 médicos colegiados que fueron encuestados, sostuvieron que están de acuerdo con que se legisle ante las tres causales propuestas por el gobierno.