Subsecretaría de Salud Pública detectó anomalías en la compra de tecnología, las que ascenderían a $601 millones por servicios que no están en funcionamiento.

El Ministerio de Salud explicó que ellos fueron quienes hicieron públicos los antecedentes que hoy son indagados en el ámbito penal por parte de la Fiscalía Centro Norte.