Este es el segundo juicio oral que se realizó en contra del ingeniero civil Ricardo Aránguiz Gallardo, dueño de la empresa que realizó los estudios de construcción y Oscar Castro González, ex funcionario del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, e integrante de una comisión técnica que efectuó la recepción, análisis y adjudicación de la construcción de los  Block Nº 765 y 774 que se desplomaron tras el terremoto del 27F, causando la muerte de ocho personas.

Esta vez fueron absueltos, por el Tribunal, pese a los alegatos del Misterio Público que daban cuenta que ambos no respetaron los diseños, la construcción y la fiscalización de los inmuebles sociales, poniendo en riesgo la vida de las personas, lo que constituye cuasi delito de homicidio.

Ambos acusados ya habían sido condenados en primera instancia y fueron sancionados a cumplir una pena de 540 días de reclusión y el pago de 450 millones de pesos en favor de las víctimas, mientras que otros seis acusados fueron absueltos, pero el juicio se hizo nuevamente, luego que ambos imputados recurrieran a la Corte de Apelaciones de Talca.

El fiscal jefe de Talca, Patricio Caroca, lamentó el fallo absolutorio. "La fiscalia hizo todo lo que estaba en sus manos para condenar a los acusados", dijo el persecutor.