Tras el anuncio del gobierno de un proyecto de ley que resguarda la exposición de menores en casos de abuso y violación, intervinientes del sistema judicial manifestaron distintas posiciones sobre la iniciativa.
Esta plantea que, una vez efectuada una denuncia, el fiscal tendrá 72 horas para ordenar la entrevista al menor. Esta diligencia, que será videograbada, la realizará un especialista acreditado por Interior. En total serán dos interrogatorios obligatorios y uno opcional.
A juicio de la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, "todo lo que sea resguardar a los niños, en relación con los procesos en que ellos deban declarar como testigos, me parece bien". Añadió que debe existir un justo equilibrio entre el derecho a defensa y el derecho de los niños, "de tal manera de poder escucharlos, pero tampoco exponerlos". En la misma línea, la magistrada Nora Rosati, jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal, sostuvo que el hecho de que el menor -según plantea el proyecto- en un juicio oral sólo preste testimonio en el caso de que sea mayor de 14 años y lo haga voluntariamente no afecta el derecho a defensa del acusado. "Cuando se le toma declaración habrá un fiscal o defensor en una sala contigua, tratando de compatibilizar el interés superior del niño con el derecho a defensa", dijo.
A diferencia de Rosati, el abogado penalista Jorge Bofill señaló que con la propuesta del gobierno "se está entrando a restringir las posibilidades de defensa, particularmente en el juicio oral". Además, criticó el momento en que fue anunciado el proyecto de ley :"No fue preparado entre que se conoció el fallo contra el caso del señor (Enrique) Orellana, estaba preparado desde antes. La pregunta es por qué a partir de una determinada decisión judicial se decide, por parte del gobierno, presentar inmediatamente, sin siquiera haber leído la sentencia de ese caso".
Para el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, reducir el número de entrevistas "es un gran avance en la medida en que se pueda implementar de buena forma, resguardando los derechos de todos los intervinientes". Agregó que "suena raro que el fiscal no pueda hablar con el niño. Habría que buscar un mecanismo para que la fiscalía pudiese abordar todos los puntos. Además, establecer plazos perentorios nos podría traer problemas de exclusión de pruebas, permitiendo que los imputados salgan libres por tecnicismos".
